Presidente paquistaní dejará la jefatura del Ejército antes del 1 de diciembre

ISLAMABAD.- El Presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, renunciará a la jefatura del Ejército antes del 1 de diciembre, adelantó hoy en Islamabad el fiscal general del Estado, Malik Mohammad Qayyum.

"El Presidente dijo que se quitará el uniforme antes del 1 de diciembre", anunció Qayyum.

Musharraf, por su parte, confirmó esta tarde que el presidente de la Cámara Alta del Parlamento, Mohammadmian Soomro, será el Primer Ministro de un gobierno de transición que estará en funciones hasta que se celebren las elecciones parlamentarias de enero, informó la cadena británica BBC. Soomro prestará juramento mañana viernes.

Esta medianoche, mientras tanto, se agotará el período legislativo de cinco años y el Parlamento en Islamabad quedará disuelto. También se disolverán el martes los cuatro parlamentos provinciales que serán elegidos en los comicios de enero que, según Musharraf, se celebrarán antes del día 9.

Hasta el momento Musharraf no ha dicho cuándo levantará el estado de excepción vigente en el país desde el 3 de noviembre. La oposición critica que bajo las leyes de emergencia -que, entre otras cuestiones, contemplan la prohibición de reunión- no será posible la celebración de una campaña electoral justa ni tampoco unas elecciones libres. La líder opositora Benazir Bhutto dijo anteriormente esta semana que boicoteará los comicios.

El Mandatario paquistaní había anunciado anteriormente que renunciaría la jefatura del Ejército en cuanto la Corte Suprema confirmara su reelección como Presidente. Sin embargo, Musharraf despidió al presidente y los magistrados del alto organismo de justicia al decretar el estado de excepción.

Qayyum rechazó los rumores de que se colocó en el cargo a nuevos magistrados a condición de su complicidad y dijo que el nuevo tribunal decidirá sobre la legitimidad de la elección del Mandatario en una semana. "Esperemos que dé un veredicto a su favor que entierre el asunto del uniforme", dijo.

Mientras tanto, con motivo de la prevista llegada al país del subsecretario de estado norteamericano, John Negroponte, mañana viernes, funcionarios estadounidenses renovaron sus llamamientos a la normalización de la situación en el país y la restauración de la democracia.

Pero, según una información del diario "The New York Times", crecen las dudas en el gobierno estadounidense de que el Presidente Musharraf pueda mantenerse en el poder. El diario habló de que entre bambalinas se habla ya de planes para la era posterior al Mandatario, dijo el diario citando funcionarios del gobierno en Washington e Islamabad.

Según el rotativo, Washington sigue teniendo esperanzas en que se salve el acuerdo roto entre Musharraf y Bhutto, pero desde la proclamación del estado de excepción, crece el convencimiento de que Musharraf debe irse y de que Estados Unidos debe prepararse para evitar un nuevo golpe de Estado por parte de algún general. El gobierno empieza a entender, cita el diario "que Musharraf es parte del problema".

La ONG internacional defensora de los derechos humanos Human Rights Watch criticó hoy duramente a Musharraf, al Ejército que encabeza, especialmente el decreto que posibilita a los militares juzgar a civiles, y el estado de excepción vigente desde el 3 de noviembre.

La organización asentada en Nueva York exigió a Musharraf que restituya en el cargo al que fuera presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Chaudhry, y que ponga en libertad a todos los seguidores de la oposición detenidos.

La ONG considera que Musharraf está en camino de "institucionalizar la represión mediante los servicios secretos paquistaníes" y calificó el Ejército como "el mayor violador de los derechos humanos" del país. La enmienda de la Ley del Ejército permite que civiles sean juzgados en tribunales militares por actos de traición, sedición y ofensas menos específicas como "realizar declaraciones que conduzcan a la desobediencia civil", algo que hace vulnerables a los trabajadores de los medios de comunicación, denuncia la ONG.

El fiscal Qayyum se defendió diciendo que esta medida no es "tan negra como la pintan los medios" y que sólo se refiere a actos con relación directa con las Fuerzas Armadas.