CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército mexicano debería recibir una capacitación especial para evitar bajas civiles en su la lucha contra el crimen organizado en las calles y carreteras del país, afirmó hoy la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.
"No están capacitados para labores de protección de la ley en el ámbito civil", dijo la comisionada en rueda de prensa, al término de una visita oficial a México que comenzó el lunes.
Desde enero de 2007 el presidente Felipe Calderón ha desplegado miles de efectivos militares en diversos estados para que participen en operativos contra el narcotráfico, en espera de que su eficiencia sea mayor que la de las policías estatales y municipales, que presentan altos índices de corrupción.
La intervención castrense ha sido criticada desde diversos sectores de la sociedad mexicana, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el equivalente al Defensor del Pueblo en México, por la muerte de varios ciudadanos en retenes militares en la carretera debido a situaciones confusas.
Arbour transmitió su opinión a Calderón el miércoles, pero hoy volvió a incluirla en el resumen de su visita, centrado en remarcar que la participación del Ejército en operativos ejecutados en áreas urbanas entraña un mayor riesgo para las personas civiles.
En las pasadas semanas se han producido varios enfrentamientos de policías y militares contra sicarios del narcotráfico, entre ellos un tiroteo en la ciudad de Tijuana (frontera noroeste con EE.UU.) que se extendió por tres horas y obligó a desalojar a más de un centenar de niños de una guardería.
La alta funcionaria insistió también en que los militares deberían rendir cuentas a la sociedad civil, cuyos tribunales tendrían que gozar de jurisdicción sobre su actuación.
"No subestimo el desafío al que se enfrenta el Gobierno,” matizó Arbour, quien también aclaró que no está pidiendo la retirada del Ejército de las calles.
En los últimos trece meses la violencia del crimen organizado se ha cobrado casi tres mil muertos en México y ha protagonizado una escalada que el Ejecutivo mexicano considera una respuesta a su determinación de poner freno a las actividades de los carteles de la droga.
Durante su visita, Arbour trató también “las crecientes limitaciones a la libertad de expresión y de reunión” en el país.Aunque no se refirió a ningún medio de comunicación o caso concreto, advirtió de que “la concentración de los poderes de los medios en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de diversas opiniones".
La comisionada eludió pronunciarse sobre otros casos concretos donde se han cuestionado los derechos humanos en México, como los "feminicidios" o asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (norte), argumentando que lo breve de su visita sólo le permitiría ofrecer una opinión "superficial".