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Santiago: Martes 23 de diciembre del 2025 | Actualizado 23:36
MANILA.- Al menos cinco mil personas se manifiestaron en las calles de Makati, el centro financiero de Manila, para exigir la dimisión de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, relacionada con un nuevo caso de corrupción.
Los manifestantes, que portaban pancartas contra la presidenta, eran vigilados por helicópteros que sobrevuelan la zona, y cientos de policías de la unidades antidisturbios.
"Esto es una señal de que la gente está dispuesta a llevar a cabo una acción política para poner fin al régimen de Arroyo,” dijo Renato Reyes, secretario del grupo Bayan, uno de los organizadores de la protesta callejera.
Los organizadores han señalado que la manifestación es la primera de la serie que se van a desarrollar contra la presidenta, quien unas pocas horas antes declaró en un seminario empresarial celebrado en Manila, que "me tomo seriamente" las acusaciones de corrupción.
Arroyo añadió que su Gobierno está determinado a luchar contra la corrupción, un mal enquistado desde hace décadas en la Administración filipina.
La protesta fue convocada por cerca de un centenar de grupos civiles y políticos, y está respaldada por la influyente Iglesia Católica de Filipinas.
La manifestación tiene lugar en medio del aumento de la tensión a raíz de que el jefe de seguridad de la presidenta, general Romeo Prestoza, desvelara el descubrimiento de un plan para atentar contra la vida de Macapagal Arroyo.
Según el general Prestoza, detrás de ese plan estaba el grupo extremista Abu Sayaf, que actúa esporádicamente en Filipinas, y la organización terrorista Yemaa Islamiya, el brazo de Al Qaeda en el sudeste de Asia.
El complot llevó a que la presidenta alterara, por vez primera en muchos meses, su agenda de trabajo y obligó a suspender el viaje que tenía previsto realizar durante el fin de semana a la región del sur de Filipinas.
Los detractores de Macapagal Arroyo creen que el anuncio oficial sobre el supuesto plan para matar a la presidenta, forma parte de la estrategia del Gobierno destinada a sabotear la manifestación.
El pasado miércoles, el alto mando del Ejército indicó que tenía indicios de los insurgentes comunistas planeaban infiltrarse en la manifestación con la finalidad de fomentar actos violentos.
Ese mismo día y unas horas antes, la guerrilla comunista amenazó con perpetrar una ola de ataques para contribuir a la caída de la presidenta Macapagal Arroyo, e instaron a los filipinos a participar en la manifestación.
Los llamamientos a Macapagal Arroyo para que dimita, aumentaron la pasada semana después de que el ex funcionario Rafael Lozada, acusara a las fuerzas de seguridad de secuestrarle con el propósito de impedir que testificara en el Senado sobre el anómalo contrato de 329 millones de dólares firmado por el Gobierno para la instalación de una red nacional de internet.
Lozada declaró en el Senado tras ser liberado, que el esposo de la presidenta, José Miguel Arroyo y el ex jefe de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, reclamaron un soborno de 130 millones de dólares para que se aprobara el contrato con la compañía china de telecomunicaciones ZTE Corporation.
La presidenta filipina, firmó el contrato con ZTE el año pasado durante una visita a China y fue anulado por un tribunal de Justicia en octubre, después de que el director de la empresa Amsterdam Holdings, José De Venecia, quien competía por el mismo contrato, denunciará que había existido corrupción.
La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas elogió el comportamiento del ex presidente del Congreso José de Venecia y de Lozada, por denunciar la corrupción en la Administración.
Lozada también ha implicado al marido de la presidenta Macapagal Arroyo, en otro contrato para la construcción del proyecto denominado Southrail, que supuestamente fue sobrevalorado en 70 millones de dólares.
Filipinas debe celebrar elecciones presidenciales en 2010, a las que no puede concurrir la actual mandataria, Gloria Macapagal Arroyo, porque la Constitución estipula un mandato único de seis años.
