LA PAZ.- El Senado de Bolivia, controlado por la oposición, aprobó una resolución de condena al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, por su “parcialidad” a favor del oficialismo en el conflicto sobre el proyecto de nueva Constitución.
La resolución fue aprobada “por mayoría” en una sesión celebrada anoche, según un boletín del Senado difundido hoy.
El documento condena las declaraciones que hizo Insulza en su visita a Bolivia de enero pasado por su “abierta parcialidad” a favor del “partido oficial de Gobierno” en el proceso de aprobación de una nueva Constitución, durante el cual se han cometido varias ilegalidades, según la oposición.
Agrega que el secretario general de la OEA no tomó en cuenta “las opiniones de importantes sectores de la población y de asambleístas y parlamentarios de los partidos de la oposición con relación a dicho proceso.
”La nueva Carta Magna, que debe ser sometida a dos referendos en mayo próximo, fue aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre pasado con la ausencia del principal partido de la oposición, que la considera ilegal, al igual que varias regiones gobernadas por adversarios del presidente Evo Morales.
Durante su reciente estancia en Bolivia, Insulza opinó que la democracia “no está en riesgo” con la discusión constitucional.
Comentó, además, que en el proyecto de nueva Constitución que impulsa Morales “no hay propuestas que se salgan de los principios básicos de cualquier democracia".
"La resolución emitida por el Senado demanda también la “inmediata presencia” en Bolivia de un equipo de “constitucionalistas profesionales” contratados por la OEA.
Los senadores proponen que ese equipo de constitucionalistas se reúna “no solo” con representantes del Gobierno, sino también con autoridades del Poder Judicial, la iglesia, asambleístas y parlamentarios de oposición para que Insulza pueda “rectificar sus desafortunadas declaraciones".
El presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz, pidió la semana pasada a varios países europeos y latinoamericanos que revisen su relación con el Gobierno de Morales después de una polémica sesión en el Congreso en la que se aprobó celebrar, el 4 mayo, los dos referendos constitucionales.
Para la oposición, esa sesión fue ilegal porque cientos de afines a Morales cercaron el Congreso y bloquearon el acceso al edificio a varios legisladores conservadores.
Ortiz, de la alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), denunció hoy, sin dar nombres, que varios parlamentarios oficialistas organizaron ese cerco, promovieron las agresiones que sufrieron dos legisladoras opositoras y después tuvieron la "desfachatez de jactarse” de sus acciones.