BUENOS AIRES.- Agricultores argentinos en rebeldía contra la política fiscal realizaban este sábado asambleas al costado de estratégicas rutas del centro-este del país, donde discutían las medidas de fuerza a adoptar en caso de no avanzar la próxima semana las negociaciones con el Gobierno.
En la carretera 14 del Mercosur, cientos de productores se concentraron en una asamblea encabezada por el dirigente Alfredo De Angelis, uno de los líderes más duros de la huelga de tres semanas en marzo, que incluyó bloqueos de unas 400 rutas y provocó graves problemas de abastecimiento de alimentos en el país.
Los productores en rebeldía contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de granos, retomaron las protestas tras finalizar el viernes una tregua de 30 días, aunque mantendrán las negociaciones con el Gobierno, en busca de una salida a la crisis.
"Mantengámonos en alerta al costado de las rutas hasta el martes y si ese día no hay avances en el diálogo con el gobierno, retomemos los cortes temporarios" de carreteras, propuso un dirigente en la asamblea de la ruta 14, generando un fuerte aplauso entre los productores presentes en el lugar.
Otros agricultores proponían medidas más duras, como volver a la huelga sin venta en el mercado mayorista de granos ni carnes a partir del miércoles. La tregua de un mes había posibilitado negociaciones que fueron muy ásperas y en las que sólo se logró avanzar sobre las congeladas exportaciones de trigo y carne, aunque dirigentes rurales acusan ahora al gobierno de no haber cumplido los acuerdos.
Pero el martes los dirigentes de las cuatro entidades que motorizaron la huelga agraria volverán a reunirse con las autoridades para negociar el polémico esquema de tributos móviles a las exportaciones de soja y girasol, considerado confiscatorio por el campo, y que disparó la protesta.
El eje de la disputa es quién se quedará con la fabulosa renta que genera la soja, el principal producto de exportación del país, cuya actual cosecha está calculada en unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno espera recaudar unos 11.000 millones en impuestos.