BOGOTÁ.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció hoy el inicio de sendas investigaciones en contra de dos congresistas por presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC.
El tribunal señaló que los afectados son el senador Carlos Julio González y el representante a la Cámara Enrique Dussán, miembros del opositor Partido Liberal.
González y Dussán fueron acusados por Fernando Bahamón, un guerrillero que está en una cárcel de Bogotá, quien aseguró en declaraciones a la Fiscalía General que los políticos mantuvieron relaciones con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El recluso afirmó que fue testigo de varios encuentros que habría sostenido González con alias "Raúl Reyes", quien era el segundo jefe de las FARC y murió el pasado 1 de marzo en un bombardeo de aviones colombianos en territorio ecuatoriano.
González dijo hace poco que Bahamón es "un enfermo mental" y aseguró que nunca ha mantenido tratos con las FARC.
Una hermana del senador, Cielo González, actual embajadora de Colombia en Uruguay y hasta hace poco alcaldesa de la ciudad de Neiva (suroeste), fue víctima en los últimos años de varios atentados perpetrados por las FARC, según la Policía.
La Fiscalía pidió la semana pasada a la Corte Suprema que investigue por presuntos nexos con el grupo guerrillero a los congresistas opositores Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, la primera del Partido Liberal y los dos últimos del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
El pedido del ente acusador fue interpretado entonces por la prensa como el inicio de un proceso que ya fue bautizado como "farc-política".
Asimismo, la Fiscalía anunció que investigará al venezolano Amílcar Figueroa, miembro del Parlamento Andino; a la ecuatoriana María Augusta Calle; integrante de la Asamblea Constituyente de ese país; a su compatriota Iván Larrea y al profesor universitario estadounidense James Jones.
La investigación también afecta al ex candidato presidencial colombiano µlvaro Leyva, al experto en el conflicto armado Lázaro Viveros, a los periodistas William Parra y Carlos Lozano, así como María Patricia Obando, directora de una organización no gubernamental (ONG).Las pesquisas fueron abiertas a raíz de los archivos encontrados en las computadoras halladas en el campamento donde fue abatido "Reyes".
