Gobierno italiano restringe uso de grabaciones telefónicas como pruebas en juicios

ROMA.- El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó el viernes una ley que restringe el uso judicial de las escuchas telefónicas a la investigación de delitos y ordena penas de cárcel para los periodistas que las publiquen.

El Gobierno conservador de Italia afirma que los tribunales abusan del uso de escuchas telefónicas y que las ordenan en más ocasiones que en el resto de Europa o Estados Unidos.

Berlusconi ya había prometido restringirlas en su campaña para las elecciones generales de abril."En Estados Unidos autorizan 1.700 de ellas (al año),mientras que nosotros llevamos a cabo 125.000", dijo el portavoz de Berlusconi, Paolo Bonaiuti.

No sólo la centroderecha está en desacuerdo con las escuchas telefónicas. El predecesor de Berlusconi, Romano Prodi, dijo hace un año que "páginas enteras de diarios y horas de televisión" estaban dedicadas a este asunto para socavar la fe de los italianos en sus instituciones públicas.

Fiscales y activistas anticorrupción señalan que el proyecto de ley, que será aprobada por el Parlamento gracias a la mayoría legislativa de Berlusconi, será una mordaza para las investigaciones periodísticas y perjudicará a las indagaciones judiciales.

Algunos de los más grandes escándalos recientes de Italia emergieron después de que los medios transcribieran escuchas telefónicas.

Actualmente, las transcripciones de llamadas del dueño de una clínica médica privada de Milán están en el centro de una investigación actual a médicos que llevaron a cabo cirugías innecesarias para cobrar más dinero de las aseguradoras.

¿Berlusconi se protege?

El imperio familiar de Berlusconi, Mediaset, ha sido sometido a investigaciones judiciales utilizando grabaciones, por lo que los críticos señalan que el proyecto de ley pretende proteger los negocios del primer ministro.

El ministro de Justicia, Angelino Alfano, afirmó que la iniciativa busca "proteger la privacidad de los ciudadanos y regular el sistema de grabaciones, que ha degenerado y violado la privacidad de la gente demasiado a menudo".

La ley limitará el uso de las cintas a investigaciones de delitos serios que acarreen penas de cárcel de más de 10 años o a la mitad, si tales ofensas son contra el Estado.

Asimismo, limita el período en el cual los teléfonos pueden ser intervenidos para grabarse a tres meses, y especifica qué conversaciones puede ser registradas.

Los periodistas que publican transcripciones de grabaciones se enfrentan a penas de prisión en suspenso de hasta tres años.

Un fiscal antimafia de Sicilia, Palermo Ingroia, dijo que la ley podría obstaculizar los esfuerzos para combatir este tipo de asociaciones delictivas.

"Actualmente, un 70 por ciento de las investigaciones del crimen organizado están basadas en grabaciones telefónicas", sostuvo, y agregó que las escuchas que vigilan "delitos menores" conducen con frecuencia a escándalos mayores.