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Santiago: Lunes 15 de diciembre del 2025 | Actualizado 02:44
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció hoy que decidirá si procede una demanda contra el director del FBI, Robert Mueller, y el ex fiscal general John Ashcroft por presuntos abusos a detenidos tras los atentados del 11-S.
El caso lo presentó Javaid Iqbal, un musulmán pakistaní que pasó casi seis meses en aislamiento en una cárcel de Nueva York y más de un año encarcelado, en total, antes de ser deportado.
Iqbal alega que sufrió palizas en dos ocasiones, que las luces de su celda estaban encendidas permanentemente y que los guardas colocaron la calefacción en verano y el aire acondicionado en invierno.
El pakistaní fue parte de un grupo denominado “detenidos del 11-S,” que incluía principalmente a musulmanes que las autoridades estadounidenses arrestaron por violaciones de las normas de inmigración, aunque en realidad investigaban cualquier conexión con los autores del complot.Durante más de un año no se supo cuántos eran ni dónde estaban recluidos.
Fueron interrogados por el FBI sin abogados y algunos de ellos sufrieron abusos verbales y físicos, especialmente los encarcelados en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde estuvo Iqbal, según concluyó el inspector general del Departamento de Justicia, que se encarga de supervisar el desempeño de esa agencia.
En un informe reveló que en total hubo 762 detenidos de ese tipo, la mayoría de los cuales fueron deportados.
En su demanda, Iqbal alega que Ashcroft aprobó una orden para separar a los árabes y los musulmanes del resto de los presos y someterlos a condiciones de detención más duras, hasta que el FBI determinara que no tenían ningún vínculo terrorista.
Los implicados niegan cualquier responsabilidad en los presuntos actos de discriminación, que fueron cometidos por los agentes policiales o los carceleros. Un tribunal de apelaciones determinó hace un año que la demanda de Iqbal podía proceder, pero Ashcroft y Mueller habían recurrido la decisión al Supremo.
La máxima corte del país decidirá el asunto en su próximo período de sesiones, que comienza en octubre.Iqbal, que fue detenido por tener un número fraudulento de la seguridad social, inició el litigio en 2004, un año después de haber sido repatriado a Pakistán.
El Gobierno pagó 300.000 dólares a otro demandante en la misma acción legal, Ehad Elmaghraby, un musulmán egipcio, para poner fin al pleito.
