LA HAYA.- Mexico pidió hoy a la Corte Mundial que tome medidas urgentes para detener las inminentes ejecuciones en Estados Unidos de cinco mexicanos, a quienes se les negaron los derechos de asistencia consular.
Uno de los cinco es José Medellín, que será ajusticiado el 5 de agosto en Texas. Ese estado debe aún fijar la fecha de las restantes ejecuciones.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló en el 2004 que Estados Unidos había violado las leyes internacionales al no informar a 51 mexicanos -que esperaban el momento de ser ejecutados- su derecho a recibir asistencia consular, y dijo que sus casos debían ser revisados.
En una audiencia pública celebrada hoy, el representante mexicano Juan Manuel Gómez-Robledo pidió al tribunal de Naciones Unidas que tome medidas urgentes para garantizar que Estados Unidos suspende las cinco ejecuciones que son inminentes.
"Estamos haciendo frente a actos que, al unirlos, pone a Estados Unidos en situación de violación a sus obligaciones internacionales", dijo Gómez-Robledo.
"Cinco ciudadanos mexicanos (...) podrían ser ejecutados sin habérseles dado la revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias, que es su derecho", agregó.
El asunto ha enturbiado las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del sur, que se opone a la pena de muerte estadounidense. Estados Unidos planteará su caso ante la CIJ más tarde.
En el 2005, el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush -firme defensor de la pena de muerte- indicó a los tribunales estatales que revisen los 51 casos tras el fallo de la Corte Mundial, diciendo que Estados Unidos debe apegarse a las obligaciones enunciadas en los tratados internacionales.
Pero la Corte Suprema estadounidense determinó en marzo que Bush había sobrepasado su autoridad cuando indicó a Texas que cumpliera con el fallo de la CIJ y reabriera el caso contra Medellín.
Miembro de una pandilla, a Medellín se le negó el derecho a reunirso con un funcionario consular de México tras su arresto en Texas por la violación y muerte en junio de 1993 de dos adolescentes en Houston. Los homicidios eran producto de una ceremonia de iniciación a la pandilla.
Bajo la Convención de Viena, los ciudadanos extranjeros tienen el derecho a hablar con un funcionario consular tras ser arrestados.
Texas ha reconocido que nunca se le dijo a Medellín que tenía ese derecho, pero sostiene que ese reclamo no puede hacerse ahora porque el detenido nunca lo mencionó durante el juicio o tras la sentencia.
Incluso si esos derechos hubieran sido violados, el resultado del caso habría sido el mismo, sostuvo el estado de Texas.
Gomez-Robledo, vice secretario para asuntos multilaterales de México, dijo que las vidas de compatriotas suyos estaban en riesgo y que el fallo de la Corte Suprema profundizaba la disputa, y apeló a que Estados Unidos respete la ley internacional.
"El imperio de la ley es la piedra fundacional sobre la que se edificó Estados Unidos", dijo.
