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Santiago: Lunes 15 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:20
BOGOTA.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia pidió a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General revisar la reforma a la Carta Magna aprobada por el Congreso en 2005, que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe para un segundo mandato de cuatro años.
El tribunal supremo afirmó que hubo "una clara desviación de poder" en la reforma constitucional, al fijar hoy una condena de 47 meses de prisión por cohecho a la ex congresista Yidis Medina, cuyo voto afirmativo salvó esa iniciativa que autorizó la reelección.
El magistrado Sigifredo Espinosa, presidente de la sala penal de la CSJ, leyó la determinación judicial en el despacho del tribunal.
En la sentencia del tribunal a la ex parlamentaria Yidis Medina se indica que fue condenada a 47 meses y 26 días de arresto domiciliario. Medina fue condenada por el delito de cohecho o la aceptación de favores como funcionario público a cambio de algo.
En la víspera, el abogado de Medina, Ramón Ballesteros, había dicho que su defendida había sido condenada a 43 meses de prisión, pero la Corte aún no había hecho oficial el fallo.
La CSJ dijo ordenaba el envió de una copia de la sentencia a las otras dos instancias, porque consideraba que la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección “fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder”.
Ballesteros aseguró que necesariamente la Corte Constitucional y la Procuraduría tienen que revisar "la legalidad del acto legislativo (de la reelección)" para que "vean si de pronto deja de tener vigencia ese artículo que reformaron".
El defensor manifestó que se logró lo que se buscó desde un principio, que era obtener el arresto domiciliario.
Medina había manifestado públicamente su desacuerdo con la reelección, pero al momento de definir la reforma votó a favor en un sesión clave en el 2004, lo que permitió que el proyecto avanzara en el Congreso hasta su aprobación.
La ex parlamentaria deberá pagar una multa de 48,13 salarios mínimos, unos 22 millones de pesos (alrededor de 12.700 dólares).
El gobierno no se pronunció de inmediato en torno al fallo de la Corte.
