BUENOS AIRES.- El Gobierno y el sector agrario de Argentina reavivaron hoy la polémica por la presión del Fisco sobre la exportación de granos mientras preparan multitudinarias marchas antagónicas para el martes, en vísperas de que el Senado dirima la cuestión.
Las partes se acusaron mutuamente de generar tensión social en un reto por acaparar la mayor cantidad de manifestantes a su favor en un conflicto desatado a comienzos de marzo y que ha impactado tanto en los mercados como en la marcha de la economía.
También polemizan sobre la cantidad de adhesiones con las que cuentan para que el Senado, de mayoría oficialista, apruebe o modifique el proyecto de la Cámara de Diputados que a comienzos de mes ratificó en ajustada votación los impuestos móviles que aumentaron la presión del Fisco sobre la exportación de granos.
Los analistas se lamentan del clima de confrontación al que ha llegado Argentina, uno de los mayores productores mundiales de granos, leche y carnes, en momentos en que lleva seis años de crecimiento y suben los precios internacionales de los alimentos.
Grupos de operarios levantaron hoy la estructura metálica de un gigantesco palco frente a la sede del Parlamento, donde el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), jefe del Partido Justicialista (peronista), organizó un acto de apoyo al Gobierno de su esposa y sucesora, Cristina Fernández.
La Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor sindicato del país, convocó a sus afiliados a abandonar sus tareas al medio día del martes próximo para sumarse a la manifestación oficialista, que además apoyan otros sectores sociales.
Los dirigentes agrarios aseguraron que el martes van a reunir a por lo menos 100.000 “chacareros” (pequeños productores agropecuarios) de todo el país para repudiar la “confiscación” que para ellos supone la política impositiva de Fernández.
Piquetes de agricultores se mantienen desde la semana pasada al costado de las rutas más importantes del país, donde llevan a cabo asambleas y preparativos para marchar el martes hacia el Monumento a los Españoles, paseo de la zona norte de Buenos Aires donde se manifestarán contra el Gobierno.
El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Ricardo Buryaile, sostuvo hoy que los seguidores del matrimonio Kirchner "buscan alterar el orden” y “siempre buscaron la confrontación".
"Cada vez que anunciamos algo, siempre hay un movimiento en contra, era previsible entonces que hicieran la contramarcha. Cualquier alteración del orden (que ocurra) está claro de qué sector vendrá", aseguró a la emisora Radio 10.
El diputado oficialista Edgardo Depetri le contestó que “el orden social se altera cuando se cortan rutas, se desabastece el mercado, se impide transitar libremente para que lleguen las personas o las materias primas a las fábricas,” en referencia a las huelgas y protestas que llevaron a cabo los productores agropecuarios.
Kirchner, quien en los últimos días redobló sus reuniones con dirigentes peronistas y afines, sostiene que hay grupos de derechas próximos al campo que quisieron destituir a su esposa y asegura que la manifestación oficialista frente al Parlamento “será la plaza del amor y la paz".
"El acto no es en contra de nadie, sino por más democracia y más pluralidad,” afirman altavoces desde las carpas armadas por grupos oficialistas frente a la sede parlamentaria.
"El Gobierno es el que promueve el golpe porque no sabe cómo arreglar el país,” subrayó a radios de Buenos Aires Alfredo De Ángeli, dirigente de la Federación Agraria que ganó espacio en los medios de comunicación por su actitud combativa.
El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, dijo que los dirigentes del campo “están enojados” y predispuestos “a una mala reacción” si el Senado aprueba el miércoles la polémica política impositiva.
"Creo que Alberto Fernández hizo esas declaraciones mientras se miraba al espejo, porque es el gobierno el que está enojado, con poco margen y predispuesto a una mala reacción,” comentó De Ángeli.
Fuentes gubernamentales afirman que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para que el Senado, de 72 miembros, apruebe el miércoles próximo la polémica política impositiva.
Pero la oposición lo niega y fuentes parlamentarias coinciden en que hay 35 senadores a favor del Gobierno, 30 en contra y siete indecisos que pueden volcar la votación para uno u otro lado.
