LIMA.- La Fiscalía pidió hoy al tribunal que juzga por violación a los derechos humanos al ex presidente peruano Alberto Fujimori que incorpore como prueba de la acusación una serie de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la matanza de Barrios Altos (1991).
Se trata de 21 expedientes remitidos por el estadounidense Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) y que probarían que el Gobierno de Fujimori (1990-2000) aplicó una doble estrategia de lucha contra el terrorismo, que incluyó la guerra sucia, informó la agencia estatal Andina.
El fiscal Supremo, José Peláez, dijo a la Sala Penal Especial que en uno de los documentos citados, la embajada norteamericana en Lima le manifestó a Washington que “el Gobierno peruano ha demostrado poca voluntad política para encontrar a los culpables” de la matanza en Barrios Altos, en una comunicación producida poco después de este suceso.
El 3 de noviembre de 1991, el grupo militar encubierto Colina, supuestamente creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, actualmente en prisión, con la anuencia de Fujimori, asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, al irrumpir, en busca de terroristas, en una fiesta en la zona de Barrios Altos, en el centro de Lima.
Fujimori es juzgado desde diciembre pasado por este hecho y por la matanza de 10 personas en La Cantuta (1992), así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe de Estado de 1992.
Hoy, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, también pidió declarar “inadmisible” un informe “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) elaborado por la Clínica de Derecho de la Universidad George Washington de EE.UU. sobre la dimensión internacional del proceso al ex gobernante.
Nakazaki subrayó que el Amicus Curiae sólo se aplica en “aquellos caso de complejidad pública, donde el conocimiento del tribunal normalmente no basta".
En respuesta, el presidente de la Sala, César San Martín, indicó que se resolverá el pedido de Nakazaki en el momento oportuno.
Hoy también fue interrogado el ex ministro del interior del régimen fujimorista, Juan Briones Dávila, actualmente recluido en un penal de Lima. El testigo precisó que no declarará sobre los secuestros ni el autogolpe de 1992, dado que el ex ministro fue condenado a diez años de prisión por los delitos de rebelión y secuestro en septiembre pasado, fallo que apeló.
Durante la jornada, el ex ministro señaló que la Policía tuvo que generar una política de inteligencia para capturar a los principales líderes terroristas y que estas detenciones “significaron un avance sustancial para lograr la pacificación del país".
