NUAKCHOT.- El enviado especial del secretario general de la ONU para África Occidental, Said Dyinnitt, reclamó la vuelta al orden constitucional tras una reunión anoche con el autoproclamado presidente del Alto Consejo de Estado de Mauritania, el general Mohamed Uld Abdelaziz.
Dyinnitt afirmó que “lo más importante ahora es volver a la orden constitucional." "He expresado la gran preocupación de la comunidad internacional en relación con el cambio del Gobierno y he preguntado sobre las intenciones de las autoridades para la vuelta del orden constitucional," dijo el enviado de la ONU.
Dyinnitt, que llegó ayer anoche a Nuakchot, añadió que “hay que preparar las condiciones en las cuales esta vuelta se haga cuanto antes."
Recordó que la condena del golpe de Estado en Mauritania, contra el presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi, fue “unánime, en particular, respecto a la gran esperanza suscitada por la transición en este país."
"Hemos seguido con muchas preocupaciones las dificultades que tuvieron lugar durante las pasadas semanas entre las instituciones mauritanas," subrayó.
El general Mohamed Uld Abdelaziz, recibió ayer también a los embajadores de España, Francia, Alemania y Estados Unidos, en el marco de una serie de entrevistas con diplomáticos occidentales y árabes.
El presidente depuesto está detenido por los militares desde el pasado 6 de agosto en el Palacio de congresos, un enorme complejo moderno con residencias temporales destinadas a visitantes ilustres.
Tras perpetrar el golpe de Estado, los generales anunciaron la creación de un Alto Consejo de Estado y prometieron la celebración de elecciones presidenciales “lo más pronto posible."
El consejo, presidido por Abdelaziz, que era jefe de la Guardia Presidencial, está integrado por otros diez altos mandos militares.
La tensión entre los militares y el presidente comenzó hace meses y se precipitó tras el anuncio de la presidencia de la República de la destitución de los hasta entonces jefes del Estado Mayor del Ejército, de la Guardia Presidencial, de la Gendarmería Nacional y de la Guardia Nacional.
Esas destituciones, que forman parte de las prerrogativas constitucionales del presidente, fueron declaradas “nulas y sin efecto jurídico" por los militares golpistas.
