Algunos seguidores del gobierno pidieron pena máxima para Leopoldo Fernández, que alcanzaría los 30 años de prisión.
AFP
LA PAZ.- El juez William Dávila decretó esta noche la prisión preventiva del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por encontrar "suficientes indicios de terrorismo" en su actuación en relación a los actos de violencia de la semana pasada en la amazonía de Bolivia.
En virtud de la decisión, Fernández será recluido en el penal de San Pedro en La Paz, mientras se sustancia el juicio. Según las normas legales, la prisión preventiva se puede prolongar por 18 meses, mientras se sustancia el proceso que solicitó la fiscalía, y se cumple en un pabellón especial, separado de los destinados a los reos que tienen condena.
"Cuando se dan las cosas como se dieron, con todo tipo de irregularidades y atropellos a mis derechos constitucionales y civiles, uno se da cuenta de que la suerte está echada", dijo Fernández en el tribunal.
"Esto no es más que un linchamiento jurídico", añadió y reiteró su demanda de ir a juicio de responsabilidades como le corresponde en su condición de prefecto elegido.
El juez decretó la prisión preventiva después de que un tribunal rechazó esta tarde un recurso de habeas corpus que presentó su defensa solicitando su libertad por considerar que fue detenido en forma ilegal y sin requerimiento judicial.
Su defensa argumentó también que Fernandez goza del beneficio de "caso de corte" en su condición de prefecto electo de un departamento y que para juzgarlo se requiere de autorización expresa del Congreso.
La fiscalía acusó a Fernández de homicidio por la muerte de un número aún no determinado de personas en un choque armado entre campesinos oficialistas y gente del prefecto opositor, del que el gobierno lo responsabiliza.
La abogada Mary Carrasco, representante de algunas de las víctimas de Pando, anunció que pedirá también que se lo enjuicie "por asesinato y terrorismo", y rechazó que para hacerlo sea necesaria autorización del Congreso.
El prefecto de Pando tiene también una causa abierta en su contra por la fiscalía general por genocidio, en su condición de masacre sangrienta, junto al ex alcalde Miguel Becerra, jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, aliado del gobierno, y el senador oficialista Abraham Cuellar.
Mientras se reunía el tribunal, tanto en la audiencia de medidas cautelares que rechazó su demanda de habeas corpus, como en la que falló con la orden de prisión, decenas de personas se concentraron exigiendo a gritos que se lo condene a la pena máxima, que en Bolivia es de 30 años.
