BUENOS AIRES.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, designó hoy al general de división Luis Alberto Pozzi como nuevo jefe del Ejército, en reemplazo del general Roberto Bendini, quien presentó ayer su renuncia tras ser procesado por presunta malversación de fondos.
Fernández de Kirchner aceptó el pase a retiro voluntario de Bendini y lo relevó del cargo de jefe del Ejército a través de un decreto.
El reemplazo de Bendini por Pozzi, un ingeniero que se desempeñaba como subjefe del Ejército, se registró mientras la ministra de Defensa, Nilda Garré, se encontraba en Chile, asistiendo a las actividades de la Parada Militar.
Pozzi llega al máximo cargo de la fuerza en medio de recientes denuncias por corrupción en varias áreas y unidades del Ejército.
Bendini fue procesado, sin prisión preventiva, por la Cámara Federal de la austral ciudad de Comodoro Rivadavia por cometer presuntas irregularidades en el manejo de fondos de una unidad militar del Ejército, la Brigada Mecanizada XI, con asiento en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
El fallo de los camaristas considera a Bendini presunto responsable de peculado, un delito que contempla una pena máxima de diez años de cárcel. Este fallo revocó una resolución del juez federal de Río Gallegos, Gerardo Caamaño, en la que se había dictado la falta de mérito del militar.
Bendini comandó la Brigada Mecanizada XI hasta mayo de 2003, cuando fue ascendido como máxima autoridad del Ejército argentino por el entonces recién asumido presidente Néstor Kirchner.
Bendini es un militar de estrecha relación con el matrimonio Kirchner desde su paso por Santa Cruz, la provincia que el ex presidente gobernó durante varios mandatos consecutivos antes de llegar a la jefatura de Estado.
La solicitud de pase a retiro de Bendini se conoció en tanto un día después de que la ministra de Defensa ordenara el pase a disponibilidad de 13 militares, entre ellos dos generales de la cúpula del Ejército, en el marco de la causa judicial en la que se investigan presuntos actos de corrupción en compras que se realizaron en la fuerza.
La causa fue iniciada el 8 de agosto, cuando el ministerio de Defensa presentó ante la Justicia la investigación de su unidad de auditoría por defraudación al Estado y denunció supuestas acciones ilegales cometidas en el Comando de Aviación del Ejército y en el Comando del III Cuerpo del Ejército, con sede en la provincia de Córdoba. En ese momento fueron desplazados de sus cargos 31 militares, entre ellos cuatro generales.
Según investigaciones del fiscal federal Eduardo Taiano se sospecha que en el Ejército se simularon competencias entre oferentes para adjudicar contrataciones determinadas de antemano.
