WASHINGTON.- Los demócratas del Congreso estadounidense apoyaron el domingo la rápida aprobación de un plan de rescate financiero por 700.000 millones de dólares pero dijeron que tenía que incorporar cláusulas para evitar potenciales abusos.
Los demócratas expresaron su preocupación de que el programa de rescate para Wall Street pueda expandir los poderes del Ejecutivo sin una supervisión adecuada, por lo que los demócratas ya habían denunciado a la administración del presidente George W. Bush en el pasado.
"Como brazo del Gobierno en pie de igualdad, vamos a exigir responsabilidad", dijo a los periodistas el presidente de la Comisión de Bancos del Senado, Christopher Dodd, un demócrata de Connecticut."
"¿Cómo se está manejando este programa? ?Hay transparencia?", dijo Dodd. "Los contribuyentes quieren saber eso, y tienen derecho a saberlo".
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el plan de rescate del Gobierno de Bush carece de "salvaguardas necesarias" en varias áreas.
La legisladora dijo que el Congreso tomará medidas esta semana para proteger los intereses de los contribuyentes y para asegurar que el plan incluya una "supervisión independiente, protecciones para los dueños de viviendas y restricciones sobre la compensación excesiva de los ejecutivos".
"No entregaremos simplemente un cheque en blanco por 700.000 millones de dólares a Wall Street esperando el mejor resultado. Los demócratas actuarán en forma responsable para aislar de Wall Street a la gente común", dijo en un comunicado.
Por su parte, el representante Barney Frank propuso colocar el programa de rescate, destinado a absorber los activos hipotecarios que han paralizado el sistema financiero estadounidense, bajo la supervisión del contralor general de Estados Unidos, el principal auditor del Gobierno, de acuerdo con un documento al que accedió Reuters.
Los demócratas quieren que no se repita una situación donde Bush, o cualquier otra persona del Poder Ejecutivo, se atribuya nuevos poderes sin la supervisión legislativa correspondiente.
Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, Bush implementó en secreto un programa de escuchas telefónicas y vigilancia sin permiso, al decir que tenía la capacidad de hacerlo.
Cuando se hizo público el programa, y bajo presión de los legisladores, Bush actuó para ponerlo bajo la jurisdicción de una corte estadounidense de vigilancia de inteligencia internacional.
