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Santiago: Miércoles 24 de diciembre del 2025 | Actualizado 13:40
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Felipe Calderón, envió hoy al Congreso una serie de iniciativas para coordinar el combate al crimen organizado, profesionalizar a las policías, castigar la corrupción y tipificar como delito grave el tráfico de drogas al menudeo.
El Mandatario anunció el envío de estas iniciativas en un mensaje a la Nación y explicó que se trata de una propuesta de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, modificaciones al Código Penal Federal, y reformas a la Ley General de Salud y al Código Federal de Procedimientos Penales.
Las propuestas del Ejecutivo son parte del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el pasado 21 de agosto, que fue suscrito por Calderón, los gobernadores de los 32 estados del país, los líderes del Congreso, el poder Judicial y organizaciones civiles, impelidos por la ola de violencia que azota al país.
Calderón señaló que la situación que vive el país se debe a que durante años la delincuencia se cobijó en la impunidad, por una falta de coordinación entre autoridades y por el “contubernio de criminales con algunas autoridades”, por lo que la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública busca una coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
Dentro de las modificaciones al Código Penal Federal, la iniciativa tipifica como grave la venta de droga el menudeo y aumenta las penas para quienes la distribuyan a menores o en centros educativos.
Hace un par de semanas fue revelado que la cifra de consumidores de drogas de entre 12 y 65 años aumentó en los últimos seis años en México en un millón de personas hasta totalizar 4,5 millones, a la vez que el grado de exposición de adolescentes y jóvenes a estas sustancias subió al 43 por ciento.
El Jefe de Estado detalló que también propone “un sistema de tratamiento” a adictos a las drogas.
De igual forma, propone la creación de un certificado único policial y establecer un sistema de información criminal que contendrá una base de datos compartida entre la federación, los estados y los municipios.
