Baltasar Garzón investigará desapariciones de la Guerra Civil española

MADRID.- El juez español Baltasar Garzón se declaró hoy competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), al estimar que se trata de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de crímenes contra la Humanidad.

En un auto en el que admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, Garzón autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, asesinado en las primeras semanas de la contienda civil.

Esa exhumación fue solicitada por una de las denunciantes, la nieta de Dióscoro Galindo, un maestro de escuela que fue fusilado junto a García Lorca el 18 de agosto de 1936.

Como responsables de estos hechos, el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el propio Francisco Franco, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.

También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange (partido político fascista que apoyó el golpe militar contra la II República) entre el 17 julio de 1936 y el 3 de diciembre de 1951, y que, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento.

El juez argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas antes por la Justicia española, porque los hechos (el golpe militar) encajan en el delito contra altos organismos de la nación.

Ese delito, añade el magistrado, no habría prescrito porque está conexo con el delito de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo español para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.

Tras conocer la decisión de Garzón, la Fiscalía anunció que la recurrirá por considerar que la Audiencia no es competente.

Según fuentes de la Fiscalía, los argumentos en que se basará el recurso serán que los delitos han prescrito con motivo de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1977, con la vuelta de la democracia.

El Ministerio Público añadió que los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales e indicó que el concepto de crímenes contra la Humanidad comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945 contra responsables de la Alemania nazi, cuando el régimen franquista llevaba vigente seis años.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en enero que no se admitieran las denuncias de los familiares por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos.

La doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía, concluyó.