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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 07:52
LA PAZ.- El canciller boliviano, David Choquehuanca, aseguró que los funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) deberán salir del país en los próximos tres meses tras la suspensión de sus actividades anunciada por el Presidente Evo Morales.
"Tenemos un convenio con EE.UU., no específicamente con la DEA, sino de lucha contra el narcotráfico (...) Se prevé en este convenio que en caso de que algún país decida cancelar (el acuerdo), tendría tres meses de plazo para abandonar el país", dijo.
El presidente boliviano, Evo Morales, anunció el pasado fin de semana la suspensión indefinida de las operaciones de la agencia antidrogas estadounidense en Bolivia luego de acusarla de "espionaje” y pocos meses después de expulsar al embajador norteamericano en La Paz, Philip Goldberg.
El anuncio lo hizo el presidente al presentar los resultados de la lucha antidrogas en Bolivia, con más de 25 toneladas de decomisos de cocaína en lo que va de año y la erradicación de más de 5.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca.
Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, apuntó que “ya no tiene justificación la permanencia de agentes de la DEA en Bolivia cuando sus actividades están suspendidas” y señaló que lo “lógico” es que los funcionarios abandonen el país.
Según Choquehuanca, Bolivia ya ha enviado la solicitud a Estados Unidos para la salida de la DEA e informó asimismo a la legación diplomática en el país.
La suspensión de las actividades de la agencia antidrogas supuso otro punto crítico en la relación entre Bolivia y EE.UU. deteriorada desde que el 11 de septiembre pasado Morales expulsó al embajador Philip Goldberg, lo que provocó al día siguiente que Washington hiciera lo propio con el embajador boliviano Gustavo Guzmán.
El empeoramiento de las relaciones bilaterales ha repercutido también en el comercio, ya que el presidente George W. Bush determinó el inicio de un proceso para suspender a Bolivia de los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA), con el argumento de que no coopera en la lucha contra las drogas.
