Uribe pide a ejército capturar a los jefes de las Farc

BOGOTÁ.- El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, instruyó hoy al nuevo comandante del Ejército a resguardar celosamente el respeto a los derechos humanos en las filas, a la vez que diera rápida captura a los jefes de las Farc y a prófugos narcotraficantes.

Un ejército “no puede permitir que algunas personas le hagan daño a su buena reputación... aquí ha habido crímenes, que afectan la imagen de la institución y que tienen que ser sancionados ejemplarmente”, dijo Uribe al dar posesión al nuevo comandante del ejército, general Oscar González, de 55 años, 38 de ellos en las filas castrenses.

Le exigió “gran eficacia en el campo de batalla y gran desempeño en la oficina de los derechos humanos”.

González llega al cargo después de que su antecesor, general Mario Montoya, renunció el martes último en medio de un escándalo en que al menos 27 militares fueron retirados del servicio por nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ratificó más tarde al resto de los integrantes del alto mando castrense y designó a los sustitutos de los militares relevados el mes pasado.

En la ceremonia de posesión del comandante del ejército, el Presidente encomendó a González que “las armas de la república, ahora bajo su liderazgo en el ejército, lleguen rápido a lo que queda del secretariado” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), integrado por siete comandantes guerrilleros, entre los que están Alfonso Cano y Jorge Briceño, a quienes mencionó en su discurso.

Uribe también nombró a dos narcotraficantes prófugos, cuya captura demandó: Pedro Guerrero, alias “Cuchillo” y Daniel Barrera, alias “El Loco Barrera”.

Temprano al participar en otra ceremonia militar, Uribe anunció que cada unidad militar y de la policía dispondrá de un oficial que recibirá quejas de ciudadanos sobre posibles abusos de la fuerza pública.

La denuncia en agosto y septiembre pasado sobre la desaparición y asesinato este año de 11 hombres oriundos de Soacha, una barriada pobre al sur de Bogotá, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en una región del noreste del país, tras haber sido reportados como muertos en combates con el ejército, desembocó el 29 de octubre en la destitución y dada de baja de 27 militares, entre ellos tres generales, por negligencia en procedimientos castrenses que pudieron facilitar esos casos.