CARACAS.- El líder opositor de Hugo Chávez, Manuel Rosales, a quien el presidente venezolano amenazó con encarcelarlo, luego de que lo acusara de corrupto y mafioso, dijo que tendrán que matarlo para eliminarlo de la contienda electoral de ese país.
“Tendrán que matarme, porque no tienen ninguna razón para hacer nada contra mí”, declaró Rosales, asegurando que todos las amenzas en su contra obedecen a un plan político.
Además inisitió en que lo que Chávez y sus seguidores hagan y digan en su contra, es “sucio y cobarde".
El presidente venezolano lo ha acusado de un complot para matarlo por el cual dijo que desistió de asistir a la Cumbre Iberoamericana celebrada el mes pasado en El Salvador y pidió a las instituciones actuar contra Rosales, conforme a las denuncias que se han presentado.
El líder opositor ha sido también acusado formalmente ante la Fiscalía por diputados oficialistas de una compraventa supuestamente ilícita de reses, presuntos sobornos a periodistas y de donar bienes del Zulia.
“Por ahí decían que me iban a meter preso, pero tendrán que matarme,” insistió Rosales y desafió a los diputados a investigar su gestión y también la del actual alcalde de Maracaibo, el oficialista Giancarlo Di Martino.
“Pueden revisar desde las uñas de los pies hasta el último cabello de mi cabeza, porque no tengo nada que ocultar,” sostuvo y recomendó a los diputados del Parlamento investigar lo sucedido con los recursos de la alcaldía de Maracaibo .
La gestión de Di Martino, candidato a la gobernación del Zulia por el Partido Socialista de Venezuela (PSUV), que lidera Chávez, es la que debería ser investigada prioritariamente, aseguró Rosales.
“Tengo una ventaja que ronda los 45 puntos para ganar la alcaldía” de Maracaibo y eso se debe a esta “guerra” de denuncias basadas en “mentiras y falsedades,” añadió.
Los venezolanos están llamados a las urnas dentro de quince días para elegir a los gobernadores en los 22 estados del país, 20 de ellos ganados hace cuatro años por candidatos de Chávez, además de 328 alcaldes y 233 legisladores provinciales, cuya mayoría también la ostentan en la actualidad funcionarios afines al Gobierno.
