QUITO.- El Congreso de Transición de Ecuador aprobó este miércoles una polémica ley que aumenta el control estatal en el sistema financiero y crea un fondo de liquidez de respaldo ante eventuales crisis, en medio de críticas sobre una mayor presencia estatal en el sector.
La propuesta, la primera aprobada por la comisión legislativa, es un mecanismo para blindar al sector financiero de los posibles coletazos de la crisis mundial, pero para analistas podría abrir la puerta para que el Presidente Rafael Correa pueda ejercer un mayor control en los bancos privados.
"(La) Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera tiene como objetivo fortalecer la supervisión del sistema financiero, establecer un fondo de liquidez, mecanismos de resolución bancaria y garantía de depósitos para que protejan de manera adecuada y oportuna los depósitos", dijo la comisión en un comunicado.
El texto, que fue aprobado con 47 votos del oficialismo, crea un fondo de liquidez, que actuará como prestamista de última instancia y será manejado por una mayoría pública con un aporte inicial del Gobierno y luego de los bancos, hasta llegar a los 1.200 millones de dólares.
Además, propone una serie de mecanismos como programas de vigilancia preventiva en las instalaciones bancarias y el fortalecimiento de fondos para garantizar los depósitos de los miles de clientes del sistema financiero ecuatoriano.
Las inversiones que realicen el Estado, los bancos privados y la entidad pública de aseguramiento social deberán ser realizadas a través de las bolsas de valores, como una forma de transparentar sus movimientos financieros, según el texto aprobado por la comisión de legislación.
El proyecto ha sido cuestionado por varios sectores, especialmente el bancario, argumentando que un mayor control podría terminar en una intervención del Gobierno en las decisiones de la banca privada.
"Por la forma cómo se construye la política económica, el Gobierno muestra su afán en administrar el sistema financiero", dijeron recientemente banqueros en una carta remitida a las autoridades, según versiones de medios locales.
La ley, que deberá ser revisada por Correa en un plazo de 30 días antes de su vigencia definitiva, crea además una nueva entidad para la garantía de los depósitos y elimina algunos impuestos y servicios bancarios aplicados en las transacciones realizadas por los clientes.