Juez argentino culpa al Congreso por liberación de ex militares acusados de represión

BUENOS AIRES.- El Parlamento debe impedir en Argentina que sigan demorados 800 juicios por delitos de lesa humanidad en la dictadura (1976-1983), como en el caso del capitán Alfredo Astiz, beneficiado con una orden de libertad, afirmó hoy el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt.

"El Congreso tiene que dictar las normas procesales judiciales necesarias para que cosas como éstas no ocurran", dijo Fayt, al deslindar la responsabilidad de la Justicia en la orden de liberar a Astiz, alias "Ángel rubio de la muerte", y otros oficiales, aún sin sentencia firme.

Un tribunal de Casación (alzada) ordenó liberar al ex marino de guerra Astiz, de 57 años, acusado de genocidio, en un dictamen difundido ayer, día que fue considerado por la Presidenta Cristina Kirchner "de la vergüenza para Argentina, para la humanidad y para el sistema judicial".

Astiz, acusado del secuestro y desaparición de dos monjas francesas, entre decenas de casos de crímenes y torturas, se benefició con una cláusula que impide mantener un detenido más de dos años sin sentencia firme.

Pero Fayt aclaró que "el país no puede intranquilizarse. Lo único seguro es que esta gente está detenida y sigue detenida".

"Hay 800 juicios parados y eso no es culpa nuestra. Es culpa del Congreso. Vayan y ocúpense de eso", dijo el ministro del mayor tribunal del país.

Astiz y otros oficiales beneficiados actuaron en uno de los mayores centros de torturas y exterminio, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros políticos con sólo un centenar de sobrevivientes.

El ex marino fue condenado en ausencia a prisión perpetua en París en 1990 por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y también sentenciado en Italia en 2007 a raíz de la desaparición de ciudadanos italianos.

La medida de Casación causó conmoción, pero la liberación de Astiz es incierta, al estar acusado en varias causas, entre ellas una por robo de bienes de desaparecidos, además de otros trámites burocráticos que la demorarían.

Además, la fiscalía apelará el dictamen, lo que impediría su libertad hasta el día del juicio oral, dijo una fuente judicial.