BUENOS AIRES.- Un máximo tribunal penal suspendió hoy la liberación de 17 personas acusadas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, entre ellos los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, considerados símbolos de la represión.
Luego de las fuertes críticas que recibió la medida, la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal decidió suspender la ejecución de la sentencia que había adoptado un día antes, dijo la oficina de prensa de los tribunales judiciales.
La decisión fue tomada por un pedido expreso presentado por escrito por el fiscal Raúl Plee, en el que solicitaba la suspensión de las liberaciones.
De esta manera, el caso pasará ahora a manos de la Corte Suprema de Justicia para que estudie el tema y se pronuncie. En principio, no había información sobre la fecha en que habrá un pronunciamiento sobre el futuro de los represores.
La decisión de esa cámara llegó un par de horas después de que el gobierno anunciase que impulsaría el juicio político de los jueces que ordenaron las liberaciones, los mismos que ahora suspendieron esa medida.
El fallo conocido ayer, podría abrir las puertas de la libertad a decenas de otros represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1976-83).
"Vamos a pedir el juicio político" de los camaristas que tomaron esa decisión, dijo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, en una conferencia de prensa.
Eso significa que el gobierno iba a buscar en la Corte Suprema de Justicia la salida de los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García, quienes en la Sala II de la Cámara de Casación Penal votaron a favor de la libertad de los represores.
Duhalde sostuvo que "varios de esos individuos (a los que no mencionó) han sido condenados en ausencia por tribunales" extranjeros y que "todos ellos tienen pedidos de extradición en la justicia española".
Los ex represores están imputados por los delitos de "imposición de tormentos en forma reiterada y privación ilegal de la libertad".
También están implicados en otras causas por la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y el robo de bienes de desaparecidos.
Acosta, apodado el "Tigre", fue jefe del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que también integraba Astiz. Su accionar consistía en el seguimiento y posterior secuestro de disidentes, que luego eran llevados al complejo naval donde se los sometía a torturas.
Astiz, ex capitán de fragata y conocido como el "Niño", fue juzgado en ausencia por un tribunal francés y condenado a prisión perpetua por la desaparición de las monjas. El gobierno galo ha pedido reiteradamente su extradición, pero nunca ha sido concretada.
El argumento de los miembros del tribunal fue que la prisión preventiva que cumplían los ex marinos, superaba los tres años establecidos por la ley. Acosta estaba detenido desde agosto de 2001 y el resto de los ex marinos desde septiembre de 2003.
Acosta y Astiz cumplen con prisión preventiva imputados por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por la que pasaron más de 5.000 disidentes durante el régimen, de los cuales sobrevivieron menos de la mitad, según informes oficiales y de organismos de derechos humanos.
Después de enterarse anoche del fallo inicial, la Presidenta Cristina Fernández sostuvo que "hoy la justicia argentina, o miembros que pertenecen a ella, ordenan la libertad de personas acusadas por violaciones masivas a los derechos humanos (...) avergüenzan a la Argentina y a la Humanidad, y también a nuestro sistema judicial".
