Enjuician a general en retiro por asesinato de líder cívico en Colombia

BOGOTÁ.- Un general en retiro del Ejército colombiano, que se encuentra detenido, será enjuiciado por la Fiscalía que lo acusa de nexos con paramilitares de ultraderecha, y de haber participado en un crimen cometido por estos escuadrones de ultraderecha, según la Procuraduría.

La determinación fue tomada por un fiscal de Derechos Humanos contra el general (r) Rito Alejo del Río, luego de encontrar evidencias que comprometen al ex comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército con el homicidio del líder comunal Marino López Mena, cometido en 1997 en Ríosucio, Chocó.

El fiscal acusa al general del Ejército por el delito de homicidio agravado en calidad de autor. Según investigaciones, existen evidencias que comprometen a Del Río en haber participado con el bloque Élmer Cárdenas de las AUC en la planificación de operaciones ilícitas conjuntas en la zona del Urabá.

El general Del Río fue detenido a comienzos de septiembre por la Fiscalía, acusado de complicidad con los paramilitares que cometieron las masacres de centenares de campesinos y sindicalistas en la región bananera de Urabá (noroeste).

El oficial comandó la brigada del Ejército que actuaba en esa zona fronteriza con Panamá, entre 1995 y 1997, cuando el ahora presidente Uribe era gobernador regional.Según una denuncia reciente del detenido ex paramilitar Ever Velosa (alias H.H.) Del Río "es una persona que fue muy cercana a nosotros, muy cercana al interior de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Fue una figura muy importante para nosotros especialmente para el proceso de crecimiento.

Velosa se encuentra en la cárcel, tras dejar las armas como resultado de la negociación entre el gobierno de Uribe y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco de la cual unos 31.000 milicianos de extrema derecha se desmovilizaron.

Hasta ahora, Velosa ha confesado 22 masacres en las cuales él y sus hombres  asesinaron a más de 200 personas. Por esos crímenes no podrían ser condenado a más de ocho años de prisión según los acuerdos alcanzados en la negociación con el gobierno.