LIMA.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori tuvo “pleno dominio” de las acciones del denominado “escuadrón de la muerte,” Colina, y de las órdenes que transmitió su asesor Vladimiro Montesinos para ejecutar una serie de crímenes, afirmó hoy la fiscalía al concluir su alegato acusatorio.
El fiscal supremo adjunto Avelino Guillén expuso las razones por las que pide 30 años de prisión para el ex mandatario (1990-2000) como presunto “autor mediato” del asesinato de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y del secuestro de un periodista y un empresario tras su “autogolpe” en 1992.
Los crímenes han sido atribuidos por la Justicia al grupo encubierto Colina, que estuvo formado por agentes del Ejército peruano entre 1991 y 1995. En audiencia pública, Guillén afirmó que “Fujimori financió las actividades del aparato de poder,” instalado en su Gobierno para llevar adelante una política antiterrorista paralela, “aprobando la transferencia de diversas partidas presupuestarias.”
De esa forma, el ex gobernante obtuvo financiamiento para el grupo Colina y para el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que bajo la dirección en la sombra de Montesinos diseñó cada uno de sus operativos.
"El aparato de poder utilizó un escuadrón de la muerte que estaba fuera del control funcional de las acciones del Ejército peruano, instalado en el SIN, dando cuenta ante Montesinos y Julio Salazar Monroe (jefe nominal del SIN),” reseñó el fiscal.
Sin embargo, Montesinos retransmitía las órdenes y acciones del destacamento al jefe del aparato de poder que era Fujimori, añadió.
Los integrantes del Colina pidieron su pase a retiro para desvincular a su institución con los hechos que estaban ejecutando, pero fue una “baja ficticia,” porque siguieron trabajando en el SIN, donde fueron felicitados y ascendidos, agregó el fiscal. "Como estaba fuera del control regular, era un destacamento secreto,” precisó.
El Colina estuvo encargado de aplicar una política antiterrorista paralela a la oficial consistente en “identificar, secuestrar, hacer interrogatorios con torturas, eliminar y desaparecer los cuerpos” de presuntos subversivos, agregó Guillén.
Los integrantes del Colina fueron denunciados por la justicia militar y condenados por las matanzas en 1994, pero el ex gobernante dio unas leyes de amnistía en 1995 que permitieron la excarcelación de los agentes, con lo cual “se consagró la impunidad,” indicó el fiscal.
Previamente, Fujimori había ascendido y felicitado a los integrantes del grupo, reunidos en torno a una denominada organización de análisis de inteligencia, “por estar prestando servicios para la seguridad nacional de gran valor para la inteligencia nacional” en 1991.
Guillén afirmó que las cartas de felicitación firmadas de puño y letra por Fujimori son efectivamente una prueba escrita de sus actos, en respuesta a su defensa que rechaza que haya algún documento que lo incrimine en los delitos.
Asimismo, el fiscal indicó que Fujimori colocó el SIN bajo los designios de Montesinos, “entregándole el manejo y control absoluto de los recursos de esta entidad, y mantuvo a este personaje pese a los antecedentes difundidos en la prensa.”
Montesinos fue expulsado del Ejército peruano y denunciado por tráfico de información confidencial, después de lo cual se desempeñó como abogado de narcotraficantes antes de sumarse al Gobierno de Fujimori en 1990. Tras el alegato del fiscal viene la presentación de los abogados de los deudos y de la defensa de Fujimori, antes de la lectura de la sentencia a fines de febrero o inicios de marzo.
