Sentencian a 25 años de cárcel ocho militares uruguayos por violación a los DD.HH.

MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya condenó ayer viernes a penas de entre 20 y 25 años de prisión a ocho ex militares y policías, por violaciones a los derechos humanos cometidas durantes los gobiernos militares de Uruguay (1973-95) y Argentina (1976-83), informó la Suprema Corte de Justicia.

La sentencia del juez Luis Charles recayó sobre ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex uniformados Ricardo Medina y José Sande Lima, "como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real".

Los condenados, que se convirtieron en los primeros procesados en la historia de Uruguay por crímenes de lesa humanidad, habían sido enviados a  prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y  "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires.

Las investigaciones determinaron asimismo la responsabilidad de los  imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión  clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el  posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron  ejecutados.

Gavazzo, Arab, Silveira, Ramas y Vázquez, fueron condenados a la pena de 25  años de penitenciaría, cada uno, mientras que a Maurente, Medina y Sande, les  corresponden 20 años, con el descuento para todos los casos de la prisión  preventiva cumplida hasta el momento.

Cabe significar que se trata de sentencias definitivas que dan por finalizado el juicio en primera instancia, pero las mismas aún no quedan firmes  hasta tanto se agote la vía recursiva, que otorga a la defensa la posibilidad de interponer el recurso de apelación ante un tribunal de segunda instancia.

En diciembre de 2006, la justicia uruguaya concedió la solicitud de extradición de su par argentina de todos los imputados, a excepción de Sande y Maurente, con la salvedad de que deberán completar en Uruguay las condenas que surjan de los procesos en curso.