SYDNEY.- El Gobierno laborista australiano anunció su adhesión a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, una decisión que marca un giro radical respecto a la postura de la anterior administración conservadora, que votó en contra de su aprobación, en 2007.
"Australia cambia su posición. Lo hacemos con ánimo de repensar las relaciones entre los australianos indígenas y los no indígenas y para construir una relación de confianza entre ambos”, manifestó la ministra para los Asuntos Indígenas, Jenny Macklin.
La decisión cumple con una de las promesas electorales del Gobierno del Laborista Kevin Rudd, que se comprometió a modificar la postura del anterior Gobierno del conservador John Howard durante la campaña de las elecciones de noviembre de 2008.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, cuya negociación se extendió a lo largo de dos décadas, fue aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2007, con los votos en contra de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Camberra explicó en aquel momento su oposición al texto debido "al uso del término autodeterminación, que más bien está relacionado con situaciones de descolonización (...)”.
"No podemos respaldar un texto que pone en peligro la integridad territorial de un país democrático”, expuso entonces el embajador australiano ante la ONU, Robert Hill, en su intervención.
La adhesión, explicó Macklin, es consecuencia de la nueva actitud del Gobierno australiano hacia los asuntos aborígenes, apuntada claramente con la disculpa oficial que el líder australiano Kevin Rudd ofreció a los indígenas del país, en febrero de 2008, sobre los errores del pasado.
La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación.
Tom Calma, portavoz para los Asuntos Aborígenes de la Comisión Australiana para los Derechos Humanos, un órgano independiente creado por el Gobierno, recordó que los pueblos aborígenes de Australia “continúan marginados”.
"Se enfrentan a una pobreza enraizada y a una discriminación constante”, dijo Calma, quien explicó que el gobierno de Kevin Rudd ha avanzado en este sentido mediante la financiación de infraestructuras sanitarias para mejorar la salud de la población indígena.
El Gobierno laborista también se ha comprometido a restablecer un cuerpo de representación de los pueblos aborígenes después de que el anterior Gobierno conservador aboliera en 2004 la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (ATSIC), un órgano de defensa de los derechos de los indígenas operativo desde 1990.
Unos 450.000 habitantes del total de una población de 21 millones de australianos son aborígenes, según cifras oficiales. El 65 por ciento de los aborígenes sufre algún tipo de enfermedad.
