LIMA.- El fiscal supremo peruano José Peláez negó hoy que exista “odio” en la acusación que se hizo contra el ex Presidente peruano Alberto Fujimori en el proceso que se le siguió por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En declaraciones a la agencia oficial Andina, Peláez rechazó las afirmaciones que Fujimori dio hoy durante su alegato final en el proceso y aseguró que la fiscalía ha actuado con pruebas.
"Rechazamos con energía estas afirmaciones. Lo que nos mueve son los cargos que en concreto formulamos contra Fujimori. No hay tal odio personal ni institucional, y con toda energía hay que rechazar esa afirmación”, indicó.
Recordó, además, que la Corte Suprema de Chile resolvió en la sentencia de extradición que emitió en 2007, que existían indicios suficientes para procesar a Fujimori en Perú.
"Sin ningún espíritu de venganza, sólo queremos cumplir lo que manda la Constitución, es decir, elaborar una acusación contra Fujimori, porque cometió, como autor mediato, los delitos que se le atribuyen (homicidio calificado, lesiones graves y secuestros)”, acotó.
Peláez también dijo que Fujimori no puede desvincularse de su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien potenció el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desde donde se controló la estrategia de “guerra sucia” para derrotar al terrorismo, según dijo.
Fujimori dedicó su último discurso en el juicio por violación de los derechos humanos a acusar a la fiscalía de basar sus argumentos en el odio y afirmó que más allá de la sentencia, que se conocerá el martes próximo, confía en el veredicto del pueblo.
El ex Gobernante aseguró que la Fiscalía ha armado un “tinglado" de acusaciones, algo que, según dijo, sólo “ha probado hasta la saciedad la inconsistencia de sus acusaciones”, por las que la fiscalía ha pedido para él 30 años de cárcel.
A Fujimori, que gobernó Perú de 1990 a 2000, se le acusa de ser "autor mediato” (el poder detrás de la cadena de mando en las operaciones antiterroristas) del asesinato de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como del secuestro de un periodista y un empresario tras el “autogolpe” de Estado de 1992.
Finalizado su alegato, el presidente de la Sala remarcó que el juicio es de carácter jurídico, tras anunciar que la sentencia será emitida el martes próximo, “guste a quien le guste y pese a quien le pese”.
