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Santiago: Jueves 25 de diciembre del 2025 | Actualizado 14:25
JERUSALéN.- Israel calificó el lunes de "maniobra política cínica e infundada" la decisión del juez español Fernando Andreu de continuar su investigación por "crímenes contra la humanidad" contra los presuntos responsables israelíes de un bombardeo en Gaza en 2002.
"La instrucción es claramente una maniobra política cínica e infundada", declaró a la AFP Yigal Palmor, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.
"No hay pruebas que sostengan estas alegaciones. El sistema judicial español debería suspender la causa", agregó el vocero juzgándola "totalmente injustificada".
Por su parte el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, indicó que intervendría ante el gobierno español. "Tengo la intención de contactar a los ministros españoles de Asuntos Exteriores y de Defensa, y, si es necesario, al presidente del Gobierno, para que la causa sea anulada", declaró.
El juez de instrucción español, Fernando Andreu, decidió el lunes continuar con su instrucción a pesar de la opinión contraria de la Fiscalía que había pedido se archivara provisoriamente la causa pues los hechos investigados, según él, ya tienen una causa abierta en Israel.
El juez Andreu decidió no seguir estas instrucciones, considerando por el contrario que la justicia israelí no investigaba los hechos y que, dado el caso, la justicia española seguiría siendo competente, según un proceso verbal al que tuvo acceso la AFP.
La investigación española se basa en una querella del Centro Palestino para los Derechos Humanos después de un bombardeo que mató a un dirigente de Hamas, Salah Chehadeh y a 14 civiles palestinos, "en su mayoría niños y bebés", el 22 de julio del 2002.
Otros 150 palestinos resultaron heridos durante el ataque, por la explosión de una bomba de una tonelada lanzada desde un F-16 israelí en Gaza, sobre una vivienda del barrio Al Daraj.
La causa apunta contra al ex ministro israelí de Defensa, Benjamin Ben-Eliezer y otros seis altos responsables militares israelíes.
La apertura de esta instrucción había provocado a finales de enero la ira de Israel y una situación molesta para el gobierno español que aspira a desempeñar un papel diplomático activo en favor de la paz en Medio Oriente.
Desde 2005, la justicia española se reconoce una competencia universal para investigar sobre crímenes contra la humanidad, genocidios, o torturas cometidos en el mundo, aún cuando los verdugos o víctimas no sean españoles.
