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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 12:07
LA PAZ.- La Corte Suprema de Justicia de Bolivia abrió un histórico juicio contra el ex Presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete, acusados de genocidio por la represión a una revuelta, en momentos en que casi todos están refugiados o asilados en EE.UU., Perú y España.
El inicio del juicio reactivó políticamente una solicitud hecha por Bolivia a Estados Unidos desde el año pasado para que extradite a Sánchez de Lozada, mientras que fueron declarados en rebeldía los ministros que no se presentaron, varios de ellos refugiados o asilados en Perú, Estados Unidos y España.
"Se ha declarado la rebeldía de ministros prófugos", afirmó el abogado Rogelio Mayta desde la sureña Sucre, sede del juicio por la represión a una protesta popular en octubre de 2003 que provocó al menos 60 muertos.
Mayta, principal abogado de las víctimas, afirmó que la declaratoria de rebeldía afectó a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo), Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud), Guido Añez (Agricultura), Hugo Carvajal (Educación) y Yerko Kukoc (Gobierno).
Torres Obleas, Quevedo y Torres Goitia obtuvieron hace más de una semana protección en Perú. Mientras, Añez reside en EE.UU. y Carvajal en España sin que se sepa su situación jurídica, en tanto el paradero de Kukoc es desconocido.
La declaratoria de rebeldía permitirá que las "autoridades bolivianas puedan emitir orden de aprensión internacional que pueda ser ejecutada incluso por la Interpol (Policía Internacional) y nos permite reactivar la demanda de extradición" contra otras ex autoridades, dijo Mayta.
La extradición de Sánchez de Lozada y sus colaboradores Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos) ya fue solicitada desde el año pasado por la Corte Suprema a Estados Unidos, donde vijaron los tres al dimitir tras la revuelta.
Consultado sobre si la declaratoria de rebeldía no era contraria al estatus de asilado de varios ex ministros, Mayta señaló que por ahora el gobierno peruano no ha comunicado a Bolivia su condición legal.
Por su parte, el ex ministro Sánchez Berzaín rechazó el juicio, en contacto telefónico desde Estados Unidos con el canal PAT de La Paz.
"Este no es un juicio, es una farsa, parte de la persecución política que (el actual Presidente boliviano) Evo Morales ha desatado contra la gente (a la) que derrocó en octubre de 2003", afirmó Sánchez Berzaín.
El actual Mandatario propició el "derrocamiento" de ese gobierno, dijo, al apoyar el levantamiento de pobladores de la ciudad andina de El Alto, vecina de La Paz, que protestaban por la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos.
La represión a esa revuelta dejó unos 60 muertos y medio millar de heridos. La convulsión sólo paró con la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, estrecho aliado político de Estados Unidos.
En la audiencia pública están presentes los ex ministros Dante Pino (Asuntos Financieros), Erick Reyes Villa (Desarrollo Sostenible) y Adalberto Kuajara (Trabajo), así como los miembros del alto mando militar de la época, que ya señalaron que no se irán del país.
Erick Seifert, abogado de los jefes militares involucrados en el proceso, señaló que durante el juicio éstos demostrarán que la rebelión civil formó parte de un complot izquierdista del que participaron miembros de Sendero Luminoso (Perú) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
