WASHINGTON.- Al no poder frenar la cadena de deudas impagables y de pérdidas de empleos, los legisladores guardaban la esperanza de poder darle a los votantes al menos un poco de espacio para respirar en esta crisis económica al prohibir alzas arbitrarias en las tasas de interés y las comisiones excesivas cobradas por los emisores de tarjetas de crédito.
Se espera que la iniciativa de ley que impondría nuevas restricciones a la industria de las tarjetas de crédito sea aprobada el martes en el Senado. Como la Cámara de Representantes ya aprobó una medida similar, los líderes demócratas esperan enviar una versión final del documento para que el presidente Barack Obama la firme antes del fin de semana.
Si Obama promulga la ley, como se espera, la industria de las tarjetas de crédito tendría nueve meses para cambiar la manera en que lleva a cabo sus negocios: los emisores deberán colocar sus contratos de tarjeta de crédito en la Internet, permitir que los clientes paguen sus facturas a través de la Internet o por teléfono sin costo, y darle a los clientes un aviso de hasta 45 días de anticipación, así como una explicación, antes de incrementar sus tasas de interés.
En una cláusula clave que se refiere al concepto denominado “fecha universal”, un cliente podrá tener un atraso de hasta un máximo de 60 días en sus pagos antes de ver el incremento de sus tasas sobre el balance que tenga pendiente para entonces.
Incluso en esos casos, la empresa emisora de la tarjeta de crédito deberá volver a la tasa previa más baja después de seis meses si el cliente cubre el pago mínimo a tiempo.
La industria bancaria está tratando de defenderse, al advertirle a los legisladores que la ley restringiría el crédito en momentos en que los estadounidenses lo necesitan. Los emisores defienden sus prácticas como medidas necesarias para protegerse cuando ofrecen dinero a los consumidores sin respaldo y no cuentan más que con la promesa de las personas de que recibirán el pago de esos créditos.
Sin embargo, los miembros del Congreso no quieren ir a las urnas en las elecciones del 2010 sin pruebas de que están escuchando a los votantes, aplastados bajo el peso de las deudas.
Además, aseguran que las empresas emisoras de tarjetas de crédito han ido demasiado lejos.
