MADRID.- El Tribunal Supremo de España investiga si el juez Baltasar Garzón pudo haber cometido prevaricación -delito de dictar a sabiendas una resolución injusta- al intentar abrir una causa general sobre los delitos cometidos en la Guerra Civil Española, informaron hoy las autoridades.
En un escrito de 15 páginas, cinco magistrados del Tribunal Supremo acordaron aceptar una demanda presentada por Manos Limpias, un sindicato conservador de funcionarios que critica recurrentemente todas y cada una de las actuaciones de Garzón.
Garzón, que no suele prodigarse en declaraciones a los medios de comunicación, quiso mostrarse tranquilo. "La ley es igual para todos, ya me defenderé en su momento", dijo a través de un comunicado.
El juez, mundialmente conocido por investigaciones como la del ex gobernante chileno Augusto Pinochet, intentó el año pasado abrir el primer gran proceso en España sobre las desapariciones de decenas de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco.
Después de enfrentarse a la Fiscalía y a otras instancias judiciales, que se opusieron a esta investigación, Garzón decidió inhibirse y dejó el caso en manos de tribunales regionales.
En un primer momento, el juez consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad. Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura.
En una de ellas descansan supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado por las tropas de Franco en 1936.
Sin embargo, la Fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977 para restañar las heridas de la guerra entre los dos bandos.
Finalmente, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para proseguir con la investigación.
En ese sentido, Manos Limpias dijo en su querella que el magistrado actuó a sabiendas de que no tenía jurisdicción y sostuvo que Garzón utilizó un "artilugio jurídico", en referencia a las desapariciones durante el franquismo.
Alegó que lo hizo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la Ley Penal, de la Ley de Amnistía de 1977, y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama", un cruento episodio de la Guerra Civil sobre el fusilamiento de más de 4.000 prisioneros del bando nacional a manos de las fuerzas de seguridad republicanas en esa localidad cercana a Madrid.
La querella, en la que se pide 20 años de inhabilitación para Garzón, sostiene además que el juez utilizó el procedimiento "consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría".
El Tribunal Supremo aceptó que es necesario investigar el trabajo del magistrado en este caso. De momento, Garzón no está suspendido en sus funciones.
