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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 12:58
WASHINGTON.- Los esfuerzos del gobierno de George W. Bush por impedir un nuevo atentado terrorista en suelo estadounidense tras el 11 de septiembre de 2001, iban mucho más allá del polémico programa de escuchas sin orden judicial, según un nuevo informe.
En el documento, de 43 páginas, un equipo de cinco inspectores generales concluyó que el ex Presidente ideó un extenso programa de actividades de inteligencia secretas, que dieron poderes "sin precedentes" al gobierno en materia de espionaje.
En el periodo previo a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada "Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA)", que data de 1978, fue vista como la principal herramienta de las autoridades estadounidenses para interceptar comunicaciones en pro de la seguridad nacional.
En los días posteriores al 11 de septiembre, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se basó en esta ley para reunir información de inteligencia sobre los atentados.
En esa fecha, el entonces director de la CIA, George Tenet, preguntó al director de la NSA, Michael Hyden, si la agencia podía hacer más contra el terrorismo, a lo que éste le respondió que todo lo demás excedía las competencias otorgadas en materia de espionaje.
Poco después, mediante un solo decreto presidencial, Bush autorizó a la NSA para efectuar nuevas actividades, altamente clasificadas, cuya existencia reconoció en 2007 el entonces Fiscal General, Alberto Gonzales.
Hasta ahora sólo se sabe lo que admitió en 2005 el Gobierno: que autorizó interceptaciones de comunicaciones internacionales sin orden judicial, cuando hubiera una "base razonable" para concluir que una de las personas era un miembro de Al Qaeda, afiliado de Al Qaeda o un miembro de una organización asociada a este grupo terrorista.
Esto fue conocido como "Programa de Vigilancia de Terroristas" lo que, sumado a las otras actividades no desclasificadas, derivó en el "Programa de Vigilancia del Presidente". Bush autorizó cada 45 días las actividades de inteligencia contra presuntos terroristas y ordenó que se mantuvieran en secreto.
El informe indicó que, por expresa orden de la Casa Blanca, sólo un grupo muy reducido de personas podía tener conocimiento del programa.
También puso en duda la base legal esgrimida por altos funcionarios para autorizar las actividades de inteligencia, e incluso relata un desacuerdo entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sobre la validez de las justificaciones.
En 2004, Bush accedió a modificar el programa y a eliminar ciertas actividades de inteligencia.
Los inspectores generales cuestionaron además la contribución de este programa a los esfuerzos de la lucha antiterrorista del Gobierno, después de haberse entrevistado con más de doscientos altos funcionarios y miembros de agencias de espionaje.
