General hondureño: Expulsamos a Zelaya para evitar muertes

TEGUCIGALPA.- El depuesto presidente hondureño Manuel  Zelaya fue expulsado del país para evitar muertes, justificó el jefe del Estado  Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, uno de los  protagonistas de la crisis política hondureña, en una entrevista con la AFP.

"El análisis que hizo la seguridad del Estado es que era riesgoso que al  presidente se le llevara a una cárcel", afirmó Vásquez, quien fue destituido  por Zelaya unos días antes del golpe.

Vásquez se había negado a que el ejército repartiera el material electoral  de la consulta popular organizada por el presidente depuesto para el día 28 de  junio, el mismo día del golpe de Estado, pese a que había sido declarada ilegal  por la justicia.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia obligó al presidente a restituir  a Vásquez en su cargo.

La detención y encarcelación de Zelaya por violar la ley "iba a ser causal  de muertos y heridos y eso era peligroso" porque sus partidarios tratarían de  rescartarlo "y eso iba a traer graves consecuencias para el país", dijo  Vásquez, a quien Zelaya le renovó para un segundo periodo al frente del Estado  Mayor Conjunto pese a que por ley sólo le correspondía un periodo de tres  años.

Ahora, Vásquez podría ser acusado de violar la ley por expulsar al  mandatario a Costa Rica, después de detenerlo en su casa con un contingente de  unos 200 militares, pues este punto no estaba contemplado en las órdenes  judiciales que cumplían, admitió el general.

"Tenía que cumplir una misión constitucional y no la podíamos eludir, dada  esa responsabilidad histórica. Nuestro juez es la historia", argumentó.

"Nuestra misión era cumplir una tarea y lo hicimos con responsabilidad. Ya  no tenemos otra participación, sino seguir cumpliendo nuestra misión",  sentenció Vásquez, quien recuperó su cargo después de su destitución por Zelaya  por orden de la Corte Suprema de Justicia.

"Había un irrespeto a la Constitución de la República, quisimos ayudar al  presidente Zelaya, pero no encontramos ningún asidero legal que nos permitiera  apoyar la decisión que él quería, las otras autoridades nos exigían que  respetáramos", subrayó.

Para salvar a los militares de la responsablidad y justificar que no había  habido golpe de Estado, el Poder Judicial de Honduras emitió una orden de  captura del mandatario, al que le imputa 18 delitos, incluído el de traición a  la patria.

Zelaya pretendía llevar a cabo una consulta popular cuyo fin último era  establecer una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución para  permitir su reelección presidencial.

La Constitución de Honduras, vigente desde 1982, tipifica como traición a  la patria la sola insinuación de la reelección. Ello para frenar los golpes de  Estado de los militares que se prolongaban desde 1963.

Los planes reeleccionistas de Zelaya eran vistos con recelo a raíz de la  adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y sus  amistades con sus miembros, en particular, con el presidente venezolano Hugo  Chávez.

Zelaya, que cuenta con el respaldo unánime de la comunidad internacional  para su restitución en el cargo, sólo recaba sus apoyos internos entre los  movimientos y sindicatos de izquierda, que son los que mantienen la resistencia  exigiendo su regreso.

Al ser preguntado si rechaza el término "golpista" que le imputan los  partidarios de Zelaya, respondió: "Contundentemente descartado. Recibimos una  orden del Poder Judicial, nosotros seguimos en la misma posición".

"Nuestra misión de siempre es mantener la paz en el país, velar por que no  se viole la soberanía e integridad territorial, velar por mantener el imperio  de la ley, que es la principal razón para que un país tenga Fuerzas Armadas",  subrayó.