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Santiago: Lunes 15 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:20
TEGUCIGALPA.- El gobierno de facto de Honduras emitió a última hora del domingo un decreto por el que restringirá la libre circulación y la libertad de opinión, tras el llamado del depuesto presidente Manuel Zelaya para emprender una movilización a nivel nacional de sus seguidores.
El sábado, desde la embajada de Brasil en la capital hondureña, Zelaya instó a la "ofensiva final" para recuperar el poder y llamó a sus seguidores en todo el país para que marchen a Tegucigalpa. El gobierno de facto, por su parte, anunció por su parte la ruptura de relaciones diplomáticas con Brasilia desde el mismo día.
Justamente el 28 de septiembre se cumplen tres meses desde que Zelaya fue alejado del poder mediante un golpe de Estado, cuando comandos militares lo arrestaron y expulsaron, aduciendo que cumplían órdenes judiciales.
La prensa afín a Zelaya consideró el decreto una "militarización" del país y la estocada final al proceso electoral hondureño al estar prohibida la circulación de las personas, según comentó radio Globo.
El gobierno de facto que preside Roberto Micheletti emitió el decreto la noche del sábado, pero fue hecho público en cadena nacional de radio y televisión la noche del domingo.
Para que entre en vigor debe ser ratificado en el Congreso Nacional (Parlamento unicameral). Con las restricciones a las reuniones públicas no autorizadas, la policía podrá "disolver cualquier reunión o manifestación".
Pero la administración de Micheletti también busca "impedir la emisión de manifestaciones que atenten contra la paz, el orden público o que ofendan la dignidad humana" y autoriza al ente estatal encargado de las telecomunicaciones, Conatel, a "suspender inmediatamente cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable".
Canal 36 y radio Globo, afines a Zelaya, dijeron que con estas medidas se busca el cierre de sus medios de comunicación, ya que son los utilizados para transmitir información al derrocado mandatario, según expresaron sus directores Esdras Amado López y David Romero, respectivamente.
Aunque los dos medios dijeron que la medida es por 45 días, cuando se leyó el decreto en la cadena de radio y televisión no se hizo referencia al tiempo de vigencia de las restricciones.
La Constitución de Honduras determina que los decretos del gobierno al respecto no pueden ser superiores a los 45 días.
La situación en el país centroamericano se agravó también en el plano diplomático, después de que el gobierno de facto impidiese el ingreso al país de una misión de avanzada de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con versiones de la prensa radial, agentes de inmigración vetaron el ingreso al territorio hondureño a los integrantes de la misión, sin conocerse los motivos oficiales.
El grupo iba a preparar la llegada futura de una comisión de cancilleres de varios países latinoamericanos y el secretario general de la OEA, Juan Miguel Insulza.
Tras conocer que se había impedido la entrada a sus colaboradores, Insulza dijo a través de un comunicado: "Lamentamos esta decisión y la consideramos incomprensible, puesto que el propio gobierno de facto de Honduras había aceptado, tanto la próxima visita de la misión de cancilleres, como la de la comitiva de la OEA que tenía por objetivo efectuar los preparativos de la misma".
"Acciones como la adoptada hoy por las autoridades hondureñas del régimen de facto dificultan seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social en Honduras y la búsqueda de soluciones al actual conflicto político con base en el diálogo y la reconciliación nacional", precisó.
A ello se suma que el gobierno de facto de Honduras dijo que "las relaciones están rotas" desde el sábado con Brasil, cuando emitió un comunicado dando un plazo de 10 días para que definan el estatus de Zelaya, que permanece en la legación brasileña.
