TEGUCIGALPA.- Los seguidores del depuesto mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, advirtieron este domingo que el decreto que permite al gobierno de facto cerrar medios de prensa entorpece y aumenta la tensión en el diálogo que busca una salida a la crisis política.
"Es una cuestión realmente condenable, propia de una dictadura. Dialogando y con el mazo dando' no se puede encontrar una salida al conflicto", dijo Rafael Alegría, uno de los coordinadores del frente de resistencia contra el golpe de estado que derrocó a Zelaya el 28 de junio.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti emitió un decreto que le permite "revocar o cancelar" el permiso a radioemisoras y canales de televisión que considere que atentan contra la "seguridad nacional" y generen "odio", según la norma publicada en el diario oficial La Gaceta el miércoles, que trascendió el sábado.
El decreto se suma a otro del 28 de septiembre que suprimió las libertades de movimiento, reunión y prensa, al amparo del cual Micheletti sacó del aire a Radio Globo y Canal 36, afines a Zelaya.
Aunque lo derogó hace una semana está vigente pues la anulación no fue publicada aún en La Gaceta.
"El nuevo decreto apunta a silenciarnos de una vez y que sólo se escuche la voz oficial de los golpistas", dijo Esdras López, director de Canal 36, quien acusó a Micheletti de "buscar quedarse con la frecuencia" de la televisora "porque además de ser empresario del transporte tiene una emisora de radio".
Por su parte, el director de Radio Globo, David Romero, señaló que "el gobierno golpista lo que quiere es cerrar definitivamente esos dos medios y dijo que para ello "ya hubo una reunión de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)".
Con la nueva medida, el gobierno de facto queda habilitado, aunque se publique en La Gaceta la derogación del decreto que restringió las libertades, para revocar licencias a medios.
Tras instalar el diálogo, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió el jueves al gobierno de facto respetar los derechos humanos y la restauración de las garantías constitucionales.