WASHINGTON.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este miércoles el "hostigamiento" e "intimidación" contra la embajada brasileña en Tegucigalpa y exigió al Gobierno de facto que ponga "fin de inmediato" a esas acciones que "violan los derechos humanos".
Tras horas de discusiones en la sede de la OEA en Washington, los Estados miembro emitieron una declaración en la que se "denuncia y condena enérgicamente las acciones hostiles por parte del régimen de facto" contra la legación diplomática brasileña en Tegucigalpa, así como el "hostigamiento de sus ocupantes con acciones que los afectan física y psicológicamente y violan sus derechos humanos".
Sin llegar a usar el término "tortura" con el que el embajador brasileño ante la OEA, Ruy Casaes, había denunciado ante el organismo hemisférico la situación de su embajada en el país centroamericano, el Consejo Permanente llama al Gobierno de Roberto Micheletti a la "finalización inmediata" de esas acciones y a guardar "respeto" a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como al "retiro de todas las fuerzas represivas" de los alrededores de la misión diplomática "sin descuidar la debida seguridad" de la misma.
Además, reclama "garantizar el derecho a la vida, integridad y seguridad" de Zelaya y de todos los ocupantes de la embajada e insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDHI) a "hacer un seguimiento de la situación planteada".
La declaración responde a la petición de Casaes de que la "comunidad internacional condene inequívoca y enérgicamente" la "situación de tortura" a la que el Gobierno de facto -afirmó durante la sesión en Washington- ha sometido a la embajada de su país en Tegucigalpa y que según el alto funcionario ha empeorado en las últimas horas con la apliación de "nuevas modalidades de tortura psíquica".
Entre éstas, detalló la instalación durante la noche de potentes lámparas que impiden dormir a los albergados en el edificio o "cornetas que tocan incesantemente" y "ruidos de policías imitando sonidos de animales para evitar que puedan dormir" los allí alojados.
Asimismo, dijo, Brasil "se reserva el derecho de promover en las instancias internacionales pertinentes iniciativas para castigar a los responsables de estos actos que atentan contra la dignidad humana".
La declaración fue aprobada en el mismo día en que se cumple un mes desde que Zelaya ingresara sorpresivamente en la embajada brasileña en Tegucigalpa.
Su regreso propulsó la instalación, a comienzos de octubre, de una mesa de diálogo auspiciada por la OEA.
Si bien se afirmó que ésta logró un acuerdo para la salida a la crisis en un "95 por ciento", en las pasadas horas la situación se ha estancado debido a la cuestión del retorno de Zelaya y a nuevas demandas del Gobierno de facto, que pidió que el derrocado mandatario reconozca que los sucesos del 28 de junio que provocaron su salida forzada del país no constituyeron un Golpe de Estado, tal como lo califica la comunidad internacional.
La OEA fue también clara al respecto y, en su declaración final, "exhorta" a "proseguir el diálogo ya avanzado", pero "dentro de los términos de la propuesta del Acuerdo de San José" y "sin intentar-subraya- abrir otros temas difrentes de aquellos contenidos en dicha propuesta".
