WASHINGTON.- Un grupo de 87 representantes demócratas presentaron este martes un proyecto de reforma migratoria integral que abre la vía a la legalización de millones de indocumentados en Estados Unidos, en el tercer intento de ese tipo en poco más de tres años.
Un inmigrante ilegal que pueda probar que estaba en Estados Unidos a partir de la presentación de este proyecto de ley, que no tenga antecedentes penales y pague un mínimo de 500 dólares podría solicitar la regularización, según este ambicioso proyecto que no contó con ningún apoyo republicano inicial.
Ese programa de regularización daría la residencia legal por seis años, y sería un paso previo a la naturalización.
Estados Unidos interrumpiría la entrega de permisos de residencia (green cards) durante esos seis años hasta legalizar a todos aquellos que están dentro del país.
La Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad de América (CIR-ASAP) fue presentada en un acto público en el Congreso estadounidense con decenas de activistas y familias de inmigrantes apoyando a los congresistas.
"La única manera que podemos lograrlo es si demostramos que (la ley) es más grande" que una simple legalización, opinó el demócrata Luis Gutiérrez, el principal instigador de la reforma.Es un proyecto de ley "para asegurar nuestras fronteras y conocer quién está en este país", añadió Solomón Ortiz, otro demócrata.
Dos proyectos previos de reforma migratoria, ambos bipartidistas, fracasaron consecutivamente en 2006 y 2007 en el Congreso estadounidense, a pesar del apoyo de la Casa Blanca.
El Presidente Barack Obama ha reiterado que quiere una reforma migratoria para sacar de las sombras a unos 12 millones de indocumentados, pero también advirtió al llegar al poder que había que garantizar la seguridad en la frontera.
Este nuevo intento legislativo retoma buena parte de los programas de seguridad ya en marcha en la frontera con México, donde la violencia del crimen organizado preocupa a los estadounidenses.
El proyecto incluye un Equipo Especial de Seguridad Fronteriza, ya en vigor, y promete fondos y capacitación extra para los 20.000 agentes que el Departamento de Seguridad Interior tiene desplegados en esa frontera sur.
Contempla también un programa de trabajadores temporales para 100.000 personas, durante tres años, pero con un estatuto de residentes condicionales.
