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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 22:21
BUENOS AIRES.- El argentino Edmundo Carbone ordenó suspender la aplicación de dos artículos de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, cuya aprobación desató el rechazo de grandes empresas periodísticas y de la oposición.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, al dejar sin efecto el artículo 41, que impide la transferencia de licencias sin la autorización previa de la Autoridad de Aplicación (organismo regulador) y el 161, que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley.
Carbone consideró en su resolución, girada a la jefatura de Gabinete argentina, que ambos artículos "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita", según precisó el portal del diario Clarín.
Después de que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
La Procuración General de Argentina (fiscalía de Estado) dictaminó la semana pasada que la Corte Suprema es competente para dirimir una demanda de la provincia de San Luis contra la ley de medios.
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, uno de los dirigentes que aspiran a la Presidencia del país en 2011, pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley por considerar que "atenta contra la libertad de información" y supone un "agravio a la jurisdicción provincial".
Mientras el oficialismo, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
