LA PAZ.- La Contraloría General de Bolivia (CGE) denunció al prefecto (gobernador) opositor de Tarija, Mario Cossío, por un supuesto daño económico al Estado al celebrar en 2008 un referendo sobre un estatuto de autonomía que el Ejecutivo considera ilegal, confirmó hoy un portavoz de esa institución.
La Contraloría acusa a la máxima autoridad regional de Tarija y a nueve funcionarios de ese departamento de haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales una consulta sobre el estatuto autonómico que supuso un gasto de 800.000 dólares.
En esa consulta, realizada en junio de 2008, el estatuto autonómico departamental obtuvo un respaldo de casi el 80 por ciento de la población.
El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, que es militante del oficialismo, aseguró el martes que con esta denuncia se concluye el informe sobre los referendos autonómicos que no fueron reconocidos por el Gobierno de Evo Morales.
Herbas se refirió así a las denuncias que ha presentado en los meses pasados contra los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez; y el ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, por el supuesto daño económico creado a sus regiones con la realización de los referendos de autonomía en 2008.
No obstante, el contralor explicó que las prefecturas de Tarija y Pando manejaron "de manera institucional e individual" los recursos destinados a la realización del referendo, mientras que en los casos de Santa Cruz y del Beni el presupuesto fue entregado a las cortes electorales departamentales para su gestión.
Además la ministra de Transparencia de Bolivia, Nardi Suxo, anunció esta semana que el Gobierno también prevé demandar a Suárez, Fernández y Cossío ante la Fiscalía por uso indebido de recursos estatales en las consultas autonómicas, como ya hizo con Costas.
Por otra parte, un juez emitió hoy una orden de impide viajar fuera del país a la ex alcaldesa de Sucre, la opositora Aydée Nava, debido a que se le sigue un proceso por un supuesto daño económico al Estado, según informó la agencia estatal ABI.
Nava fue suspendida el pasado mes de su cargo de alcaldesa hasta que responda a la demanda en su contra por supuestas irregularidades en la compra de 80 mil bolsas de cemento para obras en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
