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Santiago: Jueves 18 de diciembre del 2025 | Actualizado 10:02
LIMA.- Un panadero de 34 años vendió por 10.000 dólares el riñón que le fue trasplantado el año pasado en Lima de manera ilegal al mexicano Oscar Soberón, quien murió en enero pasado por complicaciones postoperatorias, reveló hoy un diario local.
El caso de Soberón generó en Perú una serie de denuncias por este tipo de intervenciones realizadas aparentemente por personal médico del seguro social público.
El diario "El Comercio" reveló hoy que personal médico de la clínica particular Santa Lucía, cuya sala de cirugía fue recientemente cerrada por realizar un trasplante ilegal en 2008, le informó que el riñón implantado al mexicano fue extraído en ese lugar a un humilde panadero, a quien se le pagó 10.000 dólares.
La operación para extraer el órgano la realizó el 1 de noviembre de 2009 un equipo de médicos encabezado por Mario Garrido, que hizo el posterior trasplante al mexicano, y Christian Miranda, que trajo al "donante".
"Apenas se extrajo el riñón, lo colocaron en un "cooler", y Garrido y Miranda se lo llevaron a otra cirugía. El paciente estuvo una semana y se le dio de alta", dijo al matutino un trabajador del establecimiento que pidió no ser identificado.
El diario recordó que Soberón declaró al fiscal que investiga el caso en Lima que pagó 150.000 dólares por la operación y el nombre de la clínica en la que lo intervinieron, que no fue Santa Lucía, pero que las autoridades judiciales ya tienen identificada.
Soberón, de 50 años, sufrió el rechazo del órgano trasplantado y fue internado de emergencia en otra clínica en diciembre pasado, donde se hizo público el caso.
Sin embargo, el paciente nunca se recuperó y pidió ayuda a su embajada para obtener el alta de la clínica y volver a México, donde falleció el 14 de enero pasado.
La fiscal Yaneth Vila declaró a "El Comercio" que "desde el punto de vista legal, los montos pagados no son importantes porque no estábamos hablando de un hurto, sino de intermediación onerosa de órganos (venta de órganos)", penada con entre tres y seis años de cárcel.
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó en enero pasado que el Poder Judicial y su cartera investigan siete presuntos trasplantes ilegales de órganos realizados en Perú.
A raíz de esas pesquisas, dos salas de cirugía de las clínicas Santa Lucía y Vesalio fueron cerradas en enero pasado por disposición del Ministerio.
