Garzón recibió hoy el respaldo de 300 profesionales del Derecho.
Claudio Bueno, El MercurioMADRID.- El juez español Baltasar Garzón, quien podría ser destituido a raíz de dos demandas por prevaricación, será escuchado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces, antes de que éste decida si lo suspende provisionalmente como magistrado a raíz de esas querellas.
Así lo informó hoy en Madrid el propio CGPJ, que dio a Garzón un plazo de diez días para presentar alegaciones contra las demandas interpuestas en su contra ante el Tribunal Supremo.
Ésta es la primera vez que un magistrado solicita trámite de audiencia al CGPJ antes de que éste decida sobre una suspensión. La comisión permanente del máximo órgano de los jueces españoles accedió a la petición de Garzón al entender que de lo contrario el juez sería víctima de indefensión.
La demanda a la que se enfrenta Garzón y que podría costarle su puesto como juez instructor de la Audiencia Nacional española, fue interpuesta meses atrás por el pequeño sindicato Manos Limpias, contrario a las investigaciones que impulsó el magistrado el año pasado sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo (1939-1975).
A esa querella se unió después otra asociación de ideología similar llamada Libertad e Identidad.
Según los demandantes, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación.
La semana pasada, Garzón recurrió el auto en el que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela rechazó archivar la causa contra él y pidió que se convoque a varios juristas internacionales que han intervenido en procesos de crímenes contra la humanidad para que declaren en su favor, entre ellos el magistrado chileno Juan Guzmán Tapia.
En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, Garzón tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.
La fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de archivar la querella contra Garzón. Incluso el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, enfatizó que no ve delito en la actuación del magistrado.
Hoy mismo, cerca de 300 profesionales del Derecho expresaron su solidaridad con Garzón y consideraron en un manifiesto que la acusación de prevaricación sólo puede venir desde la "malevolencia" o las razones políticas.
El magistrado, que se dio a conocer internacionalmente por los procesos que abrió contra el ex gobernante chileno Augusto Pinochet y los represores de la dictadura argentina, tiene además otra causa pendiente por prevaricación y cohecho, en este caso en relación con el dinero percibido por el Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
