MADRID.- Los obispos españoles pidieron hoy la abolición de la ley de aborto y animaron a la sociedad a manifestarse contra ella, después de que ayer el Senado español aprobara de manera definitiva la nueva legislación.
La conocida como "ley del aborto", que entrará en vigor a los cuatro meses de publicarse en el boletín oficial, instaura la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación, un plazo mayor que en algunos países europeos, y lo autoriza hasta la 22ª semana si hay riesgo para la salud de la madre o malformación del feto.
El 17 de diciembre pasado, el Congreso de los Diputados español había adoptado la ampliación de la ley de aborto, contra la que se habían movilizado durante meses los sectores conservadores y católicos del país.
Hoy, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió que la ley sea "abolida cuanto antes".
Interrogado sobre si la firma del Rey Juan Carlos en la ley provocaría que el monarca no pudiese comulgar, doctrina que sí se aplicaría a los políticos que den su voto a la ley, Martínez Camino dijo que la situación del monarca es "única", por lo que "tiene consideraciones diversas".
"No es el mismo acto; el del Rey es único y muy distinto al de un político que da su voto a esta ley pudiendo no darlo", puntualizó.
Por otra parte, las Asociaciones Provida Nasciturus, ANDEVI (Asociación Navarra en Defensa de la Vida) y Joves Provida de Barcelona anunciaron movilizaciones durante el mes de marzo en las principales ciudades españolas, que se suman a la marcha convocada en Madrid el 7 de marzo próximo, en protesta por la aprobación de la controvertida ley que entrará en vigor dentro de cuatro meses tras su aprobación definitiva en el Senado.
La ley establece también que después de la 22ª semana se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto.
Para su aprobación en el Congreso, el texto tuvo que modificar uno de sus puntos más polémicos: que las jóvenes entre 16 y 18 años podrían interrumpir un embarazo sin informar previamente a sus padres.
Frente a las protestas de varios partidos, la formación nacionalista vasca PNV consiguió que la ley incluyera "la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o en su caso los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años".
Pero también se incluyó una excepción para no tener que informar a los progenitores si la transmisión de esta información pone en peligro a la menor.
La actual ley, en vigor desde 1985, permite abortar durante las primeras 12 semanas por violación, por malformación del feto durante las primeras 22 y sin un límite en caso de "peligro para la salud física o psíquica de la madre", lo que permitía realizar abortos bien avanzada la gestación.
