Miles de españoles contrarios al aborto se manifiestan en Madrid

MADRID.- Casi dos semanas después de la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto en España, miles de personas convocadas por unos 300 colectivos antiabortistas y alentadas por la Iglesia Católica, salieron hoy a la calle en Madrid para pedir la derogación de la norma.

Bajo el lema "España Vida Sí. En democracia se escucha al pueblo" marcharon entre los manifestantes políticos del conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy como el portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja.

También acudió la mujer del ex presidente José María Aznar, Ana Botella, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, así como el ex regidor de la capital española José María Álvarez del Manzano. Los manifestantes portaron banderas y globos rojos con corazones.

La protesta, en la que se escucharon gritos directamente dirigidos contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, partió al mediodía de la Puerta de Alcalá con la Puerta del Sol como destino.

El Parlamento español aprobó definitivamente el 24 de febrero pasado la reforma de la ley del aborto, que establece la libre interrupción voluntaria del embarazo en un plazo de 14 semanas y sitúa en 16 los años necesarios para decidir sobre ella.

La llamada Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entrará en vigor el 5 de julio próximo.

El aborto "supone la muerte violenta de un ser humano y un terrible drama para la mujer que lo sufre", manifestaron los organizadores de la marcha en su comunicado final. La nueva normativa "deja completamente desprotegido al nuevo ser y abandona a la mujer ante sus problemas, empujándola al aborto", añadieron.

La nueva ley supone la despenalización del aborto, que desde 1985 estaba considerado en España un delito no castigado sólo en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.

A partir del 5 de julio, cualquier mujer podrá abortar en el país en el transcurso de las 14 primeras semanas de embarazo sin tener que alegar motivo alguno. En casos excepcionales, ese plazo queda extendido hasta las 22 semanas.

Durante la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados se modificó uno de los puntos que más polémica había desatado: la posibilidad de que las menores de edad pudieran abortar sin conocimiento de sus padres.

Finalmente, la negociación entre socialistas y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), formación tradicionalmente católica, estipuló que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que informar a sus progenitores, salvo en caso de que ello pueda suponer peligro de "violencia intrafamiliar", así como "amenazas, coacciones o malos tratos".

En 2008, el número de mujeres que abortaron en España fue de 115.812, un 3,27 por ciento más que en 2007.