Amnistía Internacional insta a Cuba a liberar a los "presos de conciencia"

LONDRES.- Amnistía Internacional instó hoy a Cuba a liberar a todos los "presos de conciencia" y a revocar las leyes que restringen las libertades de expresión, reunión y asociación, coincidiendo con el séptimo aniversario de la llamada "Primavera Negra de 2003".

En un comunicado difundido en su sede de Londres, Amnistía señala también que pidió al Presidente cubano, Raúl Castro, que permita a expertos de la ONU observar la situación de derechos humanos en la isla y facilite el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en este ámbito.

Amnistía hizo este llamamiento al cumplirse siete años de la detención de 75 disidentes cubanos, alrededor del 18 de marzo de 2003, 53 de los cuales continúan encarcelados hasta el día de hoy, según la organización.

Uno de ellos, Orlando Zapata Tamayo, falleció el 23 de febrero pasado tras una larga huelga de hambre para protestar por las malas condiciones carcelarias.

"Las leyes cubanas imponen límites inaceptables al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Cuba necesita desesperadamente reformas políticas y jurídicas para estar en consonancia con las principales normas internacionales de derechos humanos", afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía para América.

"El encarcelamiento prolongado de personas solamente por ejercer sus derechos de manera pacífica no sólo es una tragedia en sí mismo sino también un escollo para otras reformas, como el inicio del diálogo necesario para el levantamiento del embargo unilateral estadounidense contra Cuba", agregó.

Amnistía, que como otras organizaciones internacionales tiene prohibido el acceso a la isla, denuncia en su comunicado que algunos artículos de la Constitución y del Código Penal cubano "son tan imprecisos que en la práctica su interpretación actual vulnera libertades fundamentales".

La organización cita, entre otros, el artículo 91 del Código Penal cubano que dispone penas de 10 a 20 años de prisión o pena de muerte para quienes "en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio".