LA PAZ.- Tres ex Presidentes y un ex vicepresidente bolivianos denunciaron hoy que los juicios en su contra que promueve el Gobierno de Evo Morales violan los derechos humanos y contravienen principios básicos de la legislación nacional y de tratados internacionales.
En una declaración conjunta, los ex Mandatarios Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltzé y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas anunciaron que acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para defenderse de esos procesos y garantizaron que pese a todo permanecerán en el país.
La Asamblea Legislativa de Bolivia, de mayoría oficialista, está a punto de aprobar una nueva ley para acelerar los llamados juicios de responsabilidades contra ex Presidentes o ex autoridades nacionales que fueron acusados en el primer mandato de Morales de haber cometido delitos en contra del Estado.
En el caso de Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), fueron acusados en el año 2006 (el primer año de Gobierno de Morales) por la Fiscalía General de violar la ley e incluso la Constitución, por la suscripción de contratos petroleros con multinacionales.
Por su parte, Rodríguez Veltzé (2005-2006) fue acusado también ese año de sometimiento a dominio extranjero y espionaje, por haber autorizado en su gestión la destrucción por Estados Unidos de 41 misiles de las Fuerzas Armadas bolivianas.
Y Víctor Hugo Cárdenas, quien fue vicepresidente en el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), un mandato en el que se privatizaron las principales empresas del Estado boliviano, ahora en proceso de nacionalización por parte del Ejecutivo de Morales.
Mesa, Quiroga, Rodríguez y Cárdenas se unieron hoy para denunciar que la inminente ley que permitirá iniciar juicios en su contra combina tres elementos "que contravienen fundamentos básicos del orden jurídico nacional e internacional y violan derechos y garantías" de autoridades del Estado boliviano del pasado, del presente y del futuro.
Uno de esos elementos es que los jueces que presumiblemente les procesarán "no son imparciales", ya que han sido designados directamente por el presidente Evo Morales el pasado mes de febrero, con el argumento de cubrir las "acefalías" existentes en el Poder Judicial.
"La misma persona que nos ha acusado ha designado inconstitucionalmente a los jueces que nos van a juzgar", señalaron en su declaración leída ante los medios de comunicación.
Las ex autoridades bolivianas también advirtieron que la ley que propiciará esos juicios "no es justa" porque "permite la aplicación retroactiva de delitos y penas", lo que viola el derecho de que "nadie puede ser sancionado por un hecho que en el momento de realizarse no era delito, ni ser sancionado con penas más graves que las previstas en el momento de la realización del hecho".
Este elemento contraviene, señalaron los ex Presidentes, tanto la Constitución boliviana como la Declaración de los Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales.
También argumentaron que no tendrán derecho al "debido proceso" ya que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Morales impide la posibilidad de recurso ante una sentencia condenatoria, lo que limita los derechos y garantías básicos para la defensa de las autoridades procesadas.
