WASHINGTON.- El embajador trasandino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Hugo Gil, entregó al secretario general del organismo, José Miguel Insulza, documentación sobre actividades recientes del Reino Unido en las islas Malvinas y solicitó la divulgación de antecedentes de la Asamblea General relativos a la materia.
Entre la documentación entregada por el embajador de Argentina se encuentra la descripción de "actividades unilaterales británicas en materia de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental" desde octubre del año pasado, de acuerdo con la OEA.
También se incluyó el Decreto 256 del Gobierno argentino, que dispone que deberá solicitar autorización previa todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a esos territorios o carguen mercancías para su transporte allí en forma directa o indirecta.
Insulza agradeció la entrega de la documentación y se comprometió a presentarla a los países miembros de la organización.
Argentina reivindica la soberanía de las Malvinas desde 1833, año en que los británicos ocuparon ese archipiélago, pero el conflicto ha tomado un renovado impulso desde que Reino Unido iniciara recientemente una exploración petrolera.
Las operaciones de prospección en aguas de las Malvinas por parte de la plataforma petrolera Ocean Guardian comenzaron el mes pasado.
A principios de febrero, y pese a las protestas argentinas, una plataforma petrolera británica fue transportada hasta un lugar situado 100 kilómetros al norte de las disputadas islas, según medios de comunicación británicos.
Argentina considera que esas operaciones violan su soberanía sobre las Malvinas y sus aguas circundantes y ha impuesto restricciones a los barcos que parten de tierra firme hacia el archipiélago.
En 1982 ese territorio fue motivo de una guerra entre Argentina y el Reino Unido. El Gobierno británico se ha declarado dispuesto a "reabrir" las negociaciones con Argentina, pero no sobre la soberanía de las Malvinas, ni sobre la explotación de los hidrocarburos que hay bajo el mar en torno a las islas.
Buenos Aires, por su parte, ha descartado el uso de la fuerza y ha abogado por resolver el conflicto mediante negociaciones y recurriendo al derecho internacional.