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Fiscal general del Estado español estima que juez Garzón no cometió delito

No obstante, Cándido Conde-Pumpido sostuvo que respeta la decisión del Tribunal Supremo de juzgar al magistrado.

08 de Abril de 2010 | 16:21 | AFP
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Conde-Pumpido también afirmó que ''confía en el Supremo''.

El Mercurio

MADRID.- El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, expresó hoy su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de juzgar al magistrado Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo sin competencia para ello, pero consideró que no hay delito.


La Fiscalía General del Estado "respeta absolutamente la decisión del Supremo, confía en el Supremo y mantiene su criterio de que los hechos no son constitutivos de delito", señaló Conde-Pumpido antes de participar en un acto de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Andalucía, sur).


Conde-Pumpido añadió que desde la Fiscalía "confían en que su criterio prospere en el momento procesal oportuno", después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela diera vía libre a que Garzón pueda ser juzgado por intentar investigar los crímenes del franquismo sin tener la competencia para ello.


Varela consideró en un auto publicado ayer que Garzón "consciente de su falta de competencia (...) construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal", añadió Varela, asegurando que "ha lugar a proceder contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es)".


La decisión judicial es fruto de la denuncia interpuesta por tres entidades (el sindicato Manos Limpias, la formación Falange Española de la JONS y la asociación "Libertad e identidad).


Las tres organizaciones consideran que Garzón trató de investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil española y la represión posterior de la dictadura franquista (1936-1975), sin tener competencia para ello.


Tras la decisión del juez Varela, Garzón está más cerca de ser suspendido en sus funciones en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) por el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces españoles) hasta que se produzca el juicio.