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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:55
El juez Baltasar Garzón está siendo procesado por declararse competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
APMADRID.- El juez español Baltasar Garzón recurrió este sábado ante el Tribunal Supremo (TS) por el proceso contra él alegando que los grupos que le acusan tienen "motivaciones ideológicas".
Garzón está siendo procesado por declararse competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (hasta 1975).
El juez, que logró fama internacional al procesar en 1998 al general Augusto Pinochet, está acusado de un presunto delito de prevaricación, según el auto que le notificó hace tres días el magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela.
En su recurso, el juez de la Audiencia Nacional española alega que la doctrina expuesta en el último auto de Varela "es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial".
Garzón afirma que "han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales a ejercer una acción penal" contra él.
Añade que esperaba que el Supremo "valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica".
Por su parte, el magistrado Varela recuerda en el auto que un juez depende "sólo, pero siempre, de la ley", y que alega que Garzón ignoró la Ley de Amnistía de 1977 al decidir investigar el franquismo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé apartar de sus funciones a los magistrados "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", como la prevaricación.
La suspensión debe ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, que examinará el asunto el próximo 22 de abril.
Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas en esa época.
